El pleno de la Asamblea de Melilla celebrado esta mañana ha estado marcado por una primera interpelación del diputado de Coalición por Melilla (CpM), Rachid Bussian, sobre la situación crítica del abastecimiento de agua en la ciudad. Bussian ha señalado que la gestión actual es “crónica, improvisada y sin soluciones estructurales”, afirmando que los cortes de suministro son ya permanentes y provocan un “hastío creciente” entre los melillenses.
El diputado ha centrado sus críticas en el deficiente estado de los módulos de la planta desalinizadora y los fallos en los cuadros eléctricos, que —según afirmó— no han sido corregidos con soluciones preventivas. También cuestionó el papel del presidente de la Autoridad Portuaria en reuniones técnicas sobre el asunto: “¿Qué papel juega en esto? Nos gustaría saber qué aporta”.
El consejero de Medio Ambiente, Daniel Ventura, respondió recordando que el problema viene de lejos y que anteriores gobiernos también prometieron soluciones que no llegaron. Mencionó a responsables políticos de CpM y del PSOE que en años anteriores anunciaron agua 24 horas para la ciudad, declaraciones que, según él, no se cumplieron “porque dependíamos del mensaje que daba la Confederación”.
Ventura aprovechó su intervención para anunciar que todos los informes técnicos, actas de entrega y auditorías externas se entregarán a los medios de comunicación: “Como está nuestra palabra contra la suya, que ustedes manipulan, yo doy lo que está escrito”. Añadió que se está elaborando un estudio completo sobre el ciclo del agua, en el que se evidencian partidas que “aparecen y desaparecen”, como los 16 millones destinados a emisarios.
“Estamos trabajando y no vamos a actuar en caliente para luego arrepentirnos. Aquí todavía miramos al futuro con responsabilidad”, afirmó Ventura, quien también criticó la inacción de la Delegación del Gobierno y pidió unidad política: “Los melillenses pagan esta situación. Vamos juntos a denunciar lo que hay que denunciar y dejemos la política barata de lado”.
Ciberataque del 21 de junio: CpM reclama transparencia y formación urgente
La sesión también incluyó una interpelación del diputado de CpM, Emilio Guerra, sobre el ciberataque que el pasado 21 de junio paralizó gran parte de los servicios digitales del Ayuntamiento. Guerra recordó que el ataque —mediante un ransomware— bloqueó aproximadamente el 90% de los servidores municipales, afectando gravemente a áreas clave como Recursos Humanos, Contratación Pública y la tramitación ciudadana.
“Esto no puede tratarse como un asunto secundario. La ciberseguridad debe ser un pilar de la gestión pública moderna”, declaró, al tiempo que propuso un programa de formación obligatoria en ciberseguridad para todo el personal público, incluidos altos cargos y eventuales, con seguimiento y evaluación periódica.
Guerra exigió conocer qué medidas estaban activas en el momento del ataque, qué información fue comprometida y cuándo se implementarán las medidas correctivas necesarias. Aunque mostró disposición a colaborar, también expresó su preocupación: “Expertos nacionales nos dicen que este tipo de ataque no debería haber tenido éxito en una infraestructura bien protegida”.
En respuesta, la consejera de Presidencia, Marta Fernández de Castro, defendió la actuación del Gobierno: “Menos de 24 horas después del ataque ya emitimos una nota informativa. Desde entonces, la oposición ha recibido actualizaciones semanales a través de la Junta de Portavoces”.
Fernández de Castro recordó que los ciberataques a administraciones públicas han aumentado un 64% desde 2023, y que Melilla no es una excepción. “Esto no es culpa de una administración concreta, es un problema nacional. Solo en el primer trimestre de 2025 hubo ataques a instituciones como la Casa Real, la Moncloa o la Policía Nacional”, afirmó.
La consejera explicó que el vector del ataque fue una conexión remota desde fuera de la ciudad utilizando credenciales de un trabajador público, lo que permitió a los atacantes cifrar datos críticos, incluidas copias de seguridad. Aun así, defendió que se actuó con rapidez y se logró reactivar el sistema en siete días.
Además, subrayó que el Gobierno actual fue el primero en dotar una partida específica para ciberseguridad en 2024 y en firmar un convenio con el Centro Criptológico Nacional para crear un centro de operaciones de ciberseguridad. También detalló las medidas de protección de credenciales, copias de seguridad y seguridad en red que ya existen en la administración local.
“No es el momento de señalar con el dedo, sino de sumar y colaborar”, concluyó, aunque reconoció que el incidente ha puesto de manifiesto deficiencias estructurales que se están corrigiendo.
