La solidaridad territorial vuelve a convertirse en arma política mientras los menores extranjeros no acompañados siguen siendo el epicentro de una crisis que trasciende las fronteras autonómicas. El Real Decreto Ley aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para el reparto de menores migrantes ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda: la gestión de la inmigración irregular sigue siendo rehén de los colores políticos, incluso cuando las medidas propuestas pretenden aliviar la presión sobre territorios especialmente vulnerables como Melilla.
Esta nueva normativa, que establece un sistema de distribución basado en criterios objetivos y homogéneos, representa un cambio de paradigma en la gestión de los menores no acompañados que llegan a las fronteras españolas. Sin embargo, su implementación ha evidenciado las profundas fracturas políticas que atraviesan el debate migratorio, convirtiendo lo que debería ser una respuesta técnica y humanitaria en un campo de batalla ideológico.
La Delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, no ha escatimado en críticas hacia la oposición del Partido Popular a esta iniciativa, señalando una paradoja que resulta especialmente llamativa: "El PP se ha opuesto a esta iniciativa a pesar de que Melilla ha vivido momentos complejos donde esta iniciativa hubiese sido muy positiva para nuestra ciudad y a pesar de que sabían perfectamente que este Real Decreto iba a ser muy positiva para Melilla".
Esta declaración pone de manifiesto una de las contradicciones más evidentes del actual debate político sobre inmigración: cómo los partidos pueden oponerse a medidas que, en teoría, beneficiarían a los territorios que gobiernan, priorizando el enfrentamiento político sobre la gestión práctica de los problemas.
La reflexión de Moh sobre la situación histórica de Melilla resulta especialmente relevante: "Melilla ha vivido en el pasado una presión importante en lo que respecta a la acogida de menores y, gracias a la iniciativa del Gobierno de España, es uno de los territorios que se salen beneficiados de la solidaridad del conjunto del país". Esta afirmación subraya cómo las ciudades fronterizas han soportado durante años una carga desproporcionada en la gestión de los flujos migratorios, especialmente en lo que respecta a menores no acompañados.
El sistema de reparto establecido por el Real Decreto pretende precisamente romper con esta dinámica, estableciendo mecanismos que eviten que determinados territorios se vean desbordados por una problemática que, por su naturaleza, requiere una respuesta nacional coordinada. La Delegada ha sido contundente al explicar que "el objetivo del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido siempre el de dar una respuesta estructural a una problemática que se ha venido dando desde hace tiempo y que, además, se haga a través de unos criterios homogéneos y objetivos para que ninguno de los territorios tenga una presión importante, tal y como ha pasado anteriormente".
Sin embargo, la implementación de esta medida ha puesto en evidencia las tensiones entre los diferentes niveles de gobierno y los distintos partidos políticos. Moh ha sido especialmente crítica con el Gobierno local de Melilla, presidido por Juan José Imbroda Imbroda (PP), al que ha acusado de anteponer consideraciones partidistas al interés general de la ciudad: "El Gobierno de Imbroda, ha antepuesto los intereses partidistas a los de la ciudadanía melillense".
La perspectiva temporal que aporta Moh resulta crucial para entender la importancia de esta medida: "En etapas anteriores hemos tenido una presión importante en Melilla y, quizá en el futuro volvamos a vivir esas situaciones. Precisamente por ello, era tan importante llevar a cabo una medida solidaria como ésta, que suponga dar una respuesta como país, una respuesta estructural". Esta declaración subraya cómo la gestión de los flujos migratorios no puede depender de coyunturas específicas, sino que requiere marcos normativos estables y solidarios.
La crítica más dura de la Delegada se ha dirigido hacia la instrumentalización política de esta cuestión: "Los populares han preferido sacar rédito político de esta cuestión aun sabiendo que perjudicaban a territorios que están gobernados por ellos, como es el caso de Melilla". Esta afirmación plantea interrogantes sobre la coherencia política cuando los cálculos electorales entran en conflicto con las necesidades territoriales específicas.
En definitiva, las declaraciones de Sabrina Moh reflejan una realidad compleja en la que la gestión de los menores migrantes se ha convertido en un termómetro de las relaciones institucionales y de la capacidad del sistema político español para generar respuestas coordinadas ante desafíos que trascienden las fronteras autonómicas. La Delegada ha cerrado sus declaraciones reafirmando el compromiso del Ejecutivo central: "Desde la Delegación del Gobierno y desde el Gobierno de España, seguirán trabajando pensando en los intereses de Melilla y del conjunto del país por encima de cualquier otra cuestión".
El tiempo dirá si esta apuesta por la solidaridad territorial logra consolidarse o si, por el contrario, continuará siendo rehén de los vaivenes políticos que tanto han caracterizado el debate migratorio en España.
Señora, según tengo oído, de las lenguas callejeras “La miseria, solo trae miseria”.
Señora, según tengo oído, de las lenguas callejeras “La miseria, solo trae miseria”.
Todos de vuelta a sus países