El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda, ha aprobado este martes un acuerdo por el que se impulsa un incremento salarial adicional del 0,5% en las nóminas de los empleados públicos.
Una medida de la que se beneficiarán más de 9.000 personas en Melilla y más de 3 millones de personas que trabajan para las administraciones o instituciones públicas de todo el país. Sirve, además, para culminar el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en octubre de 2022 entre la entonces titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y los sindicatos CCOO y UGT.
Este alza salarial formó parte de ese acuerdo, por el que las retribuciones en el empleo público para funcionarias y funcionarios, personal estatutario y personal laboral se incrementarían en una parte fija y en otra parte variable en los ejercicios 2022, 2023 y 2024, siendo todas ellas consolidables. En el primer año, la subida fue del 3,5%. En 2023, se aplicó un incremento fijo del 2,5% y otro adicional, vinculado a los datos del IPCA y del PIB, del 1%. Por último, para 2024, las retribuciones crecieron un 2%, a la que se añadía una parte variable del 0,5% en función de los parámetros marcados por el IPCA.
Concretamente, esta subida del 0,5% que ahora se aprueba cumple la condición de que la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superase el incremento retributivo fijo acumulado en ese mismo trienio.
El incremento recogido en el acuerdo del Consejo de Ministros se calculará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023. El mismo se materializará en una de las próximas nóminas de las empleadas y empleados públicos a través de una paga de atrasos. Este pago adicional incluirá los atrasos pendientes desde el 1 de enero de 2024 hasta la fecha actual. Y el 0,5% será consolidable, por lo que las próximas nóminas lo reflejarán de manera permanente, tal y como ha ocurrido en todas las subidas previas.
Con esta decisión, el Gobierno cumple con sus compromisos con las 3.043.024 empleados públicos que desempeñan la labor del servicio público desde las administraciones del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y de otras instituciones públicas, que quedaron recogidos en ese Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI.
Ese acuerdo, firmado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT en octubre de 2022, reconocía el buen desempeño del empleo público e incluía el compromiso de realizar reformas para modernizar las Administraciones Públicas con el fin de que se adapten a las necesidades de la ciudadanía y a la economía. Un pacto que también comprendía la recuperación de los derechos que fueron arrebatados a empleadas y empleados públicos en el año 2012.
Unos compromisos que se han ido cumpliendo en el trienio que comprendía el Acuerdo Marco. Esto no se ha concretado solo a través de las subidas salariales pactadas, todas ellas ya aplicadas. También ha quedado reflejado en otras medidas de calado que han servido para reforzar el sector público, y que comprenden ámbitos como el empleo, el reconocimiento de derechos, la igualdad o la atención al ciudadano.
