El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha iniciado un proceso de análisis para encontrar fórmulas que permitan a los beneficiarios de los bonos turísticos disfrutar de este incentivo sin tener que tributar por él en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Así lo ha confirmado el presidente del Patronato de Turismo, Miguel Marín, en una intervención pública en la que ha respondido a las crecientes quejas ciudadanas por el coste fiscal derivado de esta ayuda.
“Desde el Gobierno de la ciudad estamos viendo, estudiando, analizando fórmulas de bonificaciones en las que la persona física se pueda beneficiar sin que ese beneficio constituya una subvención”, explicó Marín. El objetivo que se persigue, añadió, es “evitar que tenga que pagar o imputarse en su declaración de la renta la correspondiente bonificación”.
La preocupación ciudadana se ha manifestado especialmente entre aquellos que recibieron bonos para viajes o estancias turísticas en Melilla durante los últimos años. Muchos de ellos se sorprendieron al comprobar que debían declarar dichas ayudas como ingresos en su declaración anual del IRPF, lo que ha provocado un cierto rechazo, al considerar que una medida diseñada para fomentar el turismo no debería implicar una carga tributaria adicional.
Ante esta situación, Marín ha reconocido que las quejas han sido significativas y que el Gobierno local está trabajando activamente en soluciones que permitan mantener el espíritu del bono turístico sin que ello suponga un perjuicio económico posterior para el contribuyente.
Una norma estatal
No obstante, el presidente del Patronato de Turismo ha subrayado que esta obligación de declarar las ayudas no depende de una decisión local o autonómica, sino de una norma estatal de carácter general. “Es una normativa estatal en la que en cualquier parte del territorio nacional cualquier persona que recibe una subvención tiene que declararla en su correspondiente declaración de la renta”, señaló.
Esa circunstancia limita el margen de actuación del Ejecutivo melillense, que no puede modificar ni excepcionar la ley tributaria. Lo que sí está sobre la mesa es la posibilidad de redefinir la naturaleza del bono, de forma que no se considere una subvención directa, sino un tipo de bonificación o descuento cuya aplicación no implique una obligación fiscal para el beneficiario.
“Vamos a ver si lo conseguimos”, expresó Marín, quien dejó claro que la propuesta está en fase de estudio pero cuenta con la voluntad política para avanzar hacia una fórmula más favorable para el ciudadano. La intención es preservar el carácter promocional de estos bonos sin añadir una carga tributaria inesperada para quienes se beneficien de ellos.
Pese a todo, Marín quiso resaltar el beneficio económico que supone el bono turístico, en comparación con el coste fiscal que implica. “Esa bonificación es sustancialmente superior, muy, muy superior al pequeño porcentaje que tiene que pagar desde el punto de vista tributario”, indicó. Para el Ejecutivo, esto significa que, a pesar de la tributación, el resultado final sigue siendo favorable para el receptor de la ayuda.
Sin embargo, desde la administración melillense se quiere ir un paso más allá. No se trata solo de que el saldo económico sea positivo, sino de que el proceso sea sencillo y no desincentive la participación por temor a complicaciones fiscales. “Estamos analizando fórmulas para evitar o transformar esa subvención en una nueva fórmula que consiga lo mismo —el descuento para ese no residente— sin que se lleve a cabo a través de la vía de subvención”, reiteró Marín.
Este asunto ya fue abordado por el Ejecutivo local hace unas semanas. Tal como recogió El Faro, la Ciudad Autónoma había aclarado que los bonos turísticos sí debían incluirse en la declaración de la renta, puesto que constituían subvenciones según el criterio de la Agencia Tributaria. En aquel momento, ya se explicó que esa obligación afectaba a todos los ciudadanos del país, con independencia del lugar en el que se hubiera concedido la ayuda.
La diferencia ahora es que el Gobierno quiere anticiparse a posibles efectos adversos para la ciudadanía y está considerando alternativas para que el próximo programa de bonos turísticos no genere este tipo de consecuencias fiscales, manteniendo intacto su objetivo de atraer visitantes a Melilla.
