La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha emitido un comunicado en el que sale en defensa de la Unidad Central Operativa (UCO), reivindicando su profesionalidad y exigiendo respeto a su independencia operativa, en un momento marcado por la controversia política tras unas filtraciones que han puesto en entredicho la labor de dicha unidad.
La AUGC muestra su “profunda preocupación” por lo que considera intentos de interferencia en la labor investigadora de la UCO, y señala que cualquier intromisión en un Estado de Derecho “resulta inaceptable”. En su comunicado, la organización recuerda que la UCO ha demostrado su eficacia en investigaciones complejas, siempre bajo el amparo legal y la dirección judicial competente.
“El trabajo de estas unidades debe desarrollarse con plena independencia y sin presiones externas”, subraya el comunicado, en el que también se expresa sorpresa por el “silencio” de la Dirección General de la Guardia Civil. La asociación considera incomprensible que no se haya defendido públicamente a los efectivos de esta unidad, lo que, según indican, debilita la credibilidad institucional y deja desprotegidos a quienes arriesgan su carrera y su seguridad.
Tensión institucional
El pronunciamiento de la AUGC se produce días después de que saliera a la luz la grabación de una reunión entre una "fontanera" socialista, Leire Díez, y varios empresarios, alguno escapado de la Justicia, en la que ésta pedía información para desacreditar al jefe de la UCO, Antonio Balas, el teniente coronel de la Guardia Civil que encabeza las investigaciones contra la corrupción del PSOE y el Gobierno de Sánchez.
“Igual hay cosas por otro lado”, en referencia a la necesidad de buscar vías alternativas para responder a la UCO, en el marco de la investigación que afecta al exasesor socialista Koldo García, la mujer de Pedro Sánchez, su hermano y el fiscal general del Estado, García Ortíz. Las palabras han sido interpretadas como una tentativa de desacreditar o frenar la actuación de la unidad investigadora.
La polémica ha generado reacciones en cadena dentro del ámbito judicial, político y de las fuerzas de seguridad. La AUGC considera estas informaciones un grave indicio de presiones indebidas que deben ser rechazadas con firmeza por las autoridades.
Críticas al Gobierno
En el mismo comunicado, la AUGC reprocha al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su “reiterada negativa” a mantener un encuentro con la organización, que desde hace tiempo reclama reconocimiento para los guardias civiles como profesionales de riesgo. Además, denuncian un proceso continuado de debilitamiento estructural de unidades clave del cuerpo, como el cierre de Oconsur, el desmantelamiento del Seprona o la retirada de competencias en puertos y aeropuertos.
La organización, que representa a la mayoría de los agentes en activo, reivindica su papel histórico en la defensa de los derechos de los guardias civiles y recuerda que recibió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos por su labor a favor de la democratización de la institución.
En un tono contundente, la AUGC concluye que “el respeto a la legalidad y la independencia operativa no son negociables” y reclama una respuesta clara de las instituciones ante la actual situación.
