En el marco del 30º aniversario de la aprobación de los Estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla, el Observatorio de Ceuta y Melilla ha dedicado un episodio especial del pódcast Focosur a analizar el recorrido y el futuro de estos marcos legales. El programa cuenta con la participación del catedrático de Derecho Administrativo Ángel Menéndez Risac, experto en organización territorial del Estado, quien ofrece una valoración técnica del actual modelo institucional de ambas ciudades y expone posibles reformas para fortalecer su autogobierno.
Menéndez describe el estatus jurídico de Ceuta y Melilla como una fórmula intermedia entre las comunidades autónomas y las entidades locales. A diferencia de las comunidades autónomas, las dos ciudades no cuentan con potestad legislativa, aunque sí con una capacidad normativa reglamentaria que recae en sus respectivas Asambleas. Esta limitación, explica, obliga a que toda iniciativa normativa deba estar respaldada por una ley estatal previa. Aun así, destaca que existe margen para que las propias ciudades tomen mayor protagonismo en la promoción de iniciativas legislativas, algo que, en su opinión, no se ha aprovechado lo suficiente.
“Los estatutos tienen muchas potencialidades no desarrolladas. Parece que las ciudades están esperando que sea el Estado quien actúe, cuando también podrían ser ellas las que impulsen normativas o propuestas legislativas”, señala el jurista. En este sentido, aboga por una actitud más activa desde el plano local, animando a que las propias Asambleas lideren propuestas normativas, como podría ser una ley urbanística o en materia turística.
Uno de los puntos centrales de su análisis es la estructura institucional de Ceuta y Melilla. Actualmente, el presidente de cada ciudad ejerce simultáneamente como presidente del Ejecutivo y de la Asamblea, lo que refleja un modelo más cercano al régimen local que al autonómico. Menéndez plantea la necesidad de separar claramente estos dos poderes, siguiendo el ejemplo de las reformas aplicadas en los municipios de gran población a partir de 2003. “Desde el punto de vista jurídico, es inusual que una Asamblea tenga potestad reglamentaria. La separación de funciones aportaría mayor claridad y eficacia institucional”, argumenta.
En relación a la asunción de nuevas competencias, como sanidad o educación, que sí gestionan las comunidades autónomas, el jurista muestra cautela. Indica que una reforma estatutaria solo tendría sentido si va acompañada de los recursos necesarios para su implementación. “Las competencias, sin una financiación adecuada, pueden crear expectativas que luego no se cumplen. Es preferible que sigan en manos del Estado si no se garantiza la suficiencia financiera”, afirma. Según explica, el coste de gestionar estos servicios puede ser especialmente elevado en territorios como Ceuta y Melilla debido a su singularidad geográfica y a las particularidades de su población.
El análisis también aborda las dificultades urbanísticas de las dos ciudades, marcadas por la escasez de suelo y la necesidad de intervenir sobre el espacio urbano ya consolidado. “En Ceuta y Melilla prácticamente no hay suelo no urbanizable. Las actuaciones más relevantes deben realizarse dentro del entorno urbano actual, lo cual implica realojamientos complejos y elevados costes sociales y económicos”, explica. Por ello, apuesta por desarrollar políticas urbanas centradas en la rehabilitación, mejora de servicios y recuperación de espacios degradados.
Sobre el plano económico, Menéndez señala que, aunque existen márgenes para profundizar en regímenes especiales como el REF canario, la estructura económica seguirá muy ligada al sector público. “Esto no es exclusivo de Ceuta. Hay ciudades como Cádiz o Granada donde las principales entidades empleadoras son públicas”, apunta. En su opinión, sin embargo, sería conveniente explorar nuevas vías de desarrollo económico, como el turismo cultural o la formación universitaria, mencionando la posibilidad de promover cursos de verano o encuentros académicos que refuercen el conocimiento sobre la realidad local.
En su reflexión final, el jurista imagina a Ceuta y Melilla como ciudades prósperas, con atractivo turístico y como modelo de convivencia entre culturas. Además, hace un llamamiento al Estado para reforzar su presencia institucional en ambas ciudades: “Es obligación de los poderes públicos levantar el ánimo y normalizar la relación institucional. Ceuta y Melilla deben ser tratadas como lo que son: ciudades españolas con un régimen especial, pero plenamente integradas en el Estado”. También insiste en que las propias instituciones locales deben mostrar más iniciativa, liderar propuestas y aprovechar al máximo las herramientas que ya les otorga su estatuto.
