Melilla ha registrado en abril la entrada de otros 15 menores migrantes, en un contexto de creciente debate nacional por el reparto estatal de menores extranjeros no acompañados (MENA). Así lo informó este pasado lunes Randa Mohamed, consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, durante el pleno de control al Gobierno local en la Asamblea de Melilla.
La llegada de estos menores se suma a una situación ya compleja en la ciudad autónoma, que sigue pendiente de conocer si será incluida como receptora en el reparto que prepara el Ejecutivo central. Según explicó Mohamed, el Gobierno local mantiene una posición crítica frente al real decreto que regula ese reparto, argumentando que no ha sido consensuado entre todas las comunidades autónomas.
“El Gobierno de Melilla está a favor de la solidaridad entre territorios, pero totalmente en contra de la configuración de una política de solidaridad y reparto de menores que atiende más bien a intereses políticos que de un verdadero interés por la acogida del menor”, recalcó la consejera.
Mohamed también destacó que la propuesta estatal no contempla la financiación necesaria y se basa en criterios “poco cuantificables, medibles y genéricos”. A pesar de esta postura crítica, subrayó la “máxima colaboración” de Melilla con otros territorios igualmente tensionados por la presión migratoria, como Canarias y Ceuta.
Durante el pleno, Mohamed respondió además a preguntas de Vox, formación a la que reprochó haber calificado a los menores trasladados a centros terapéuticos en la península como “conflictivos”. La consejera explicó que estos menores no son conflictivos en términos generales, sino que presentan problemas de conducta o salud mental y requieren una atención especializada.
Actualmente, Melilla mantiene convenios con centros especializados en Andalucía que permiten cubrir 19 plazas, 12 de ellas ocupadas por menores extranjeros no acompañados. Mohamed insistió en que “no es correcto tratar este asunto desde la parte financiera y económica”, dado que se trata de una obligación de atención digna, aunque su coste triplique el de un centro de acogida convencional.
Este debate local forma parte de una discusión mucho más amplia a nivel nacional. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (Sumar), ha defendido reiteradamente la necesidad de garantizar un reparto equitativo de los menores entre todas las comunidades autónomas. Para Rego, esta es una cuestión de corresponsabilidad territorial y de respeto a los derechos humanos. Según ha declarado en varias ocasiones, “la protección de la infancia migrante es una obligación moral y legal del Estado”, y ha llamado a reforzar las medidas de acogida y atención para garantizar una integración digna y efectiva.
Por su parte, el Partido Popular mantiene una posición crítica frente a la gestión que el Ejecutivo central está haciendo del reparto. Los populares consideran que la iniciativa del Gobierno no ha sido correctamente negociada con las comunidades autónomas, y advierten de los riesgos de saturación que puede generar en determinados territorios receptores. Desde el PP reclaman una mayor dotación económica para afrontar las necesidades derivadas de la acogida, así como establecer mecanismos de control eficaces que garanticen que el reparto no comprometa las capacidades de los servicios autonómicos.
En Melilla, mientras tanto, la situación sigue siendo delicada. Mohamed reconoció que es “más que visible que los menores no se van a ir de Melilla, sino que van a venir”, subrayando que la llegada de nuevos menores no requiere de votación ni trámites adicionales, ya que se trata de un mero procedimiento administrativo.
La falta de consenso entre administraciones y partidos políticos plantea un escenario incierto para el futuro de estos menores. Mientras las autoridades locales reclaman una mayor coordinación y financiación, desde el Gobierno central se insiste en la necesidad de actuar de manera solidaria. El desafío no es menor: garantizar una atención adecuada a los menores migrantes requiere recursos, coordinación interterritorial y voluntad política.
En este contexto, la cuestión migratoria y, en particular, la situación de los menores no acompañados continuará generando tensiones y debate político. Para Melilla, una ciudad en la primera línea de las rutas migratorias hacia Europa, el reto es especialmente urgente y demandará soluciones a corto y medio plazo que garanticen tanto los derechos de los menores como la sostenibilidad del sistema de acogida.
