El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el real decreto ley aprobado por el Gobierno central que regula el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. La decisión judicial coincide con la convocatoria de una reunión sectorial prevista para el próximo lunes, donde se debatirá la aplicación concreta de esa medida.
Melilla ha reiterado su rechazo frontal a esta política, advirtiendo de que no asumirá nuevas derivaciones si no se garantiza una financiación adecuada y una planificación específica que tenga en cuenta su singularidad territorial.
El recurso interpuesto por el Gobierno madrileño, presidido por Isabel Díaz Ayuso, alega que el real decreto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez vulnera distintos preceptos constitucionales y supone una “invasión de competencias” autonómicas. Así lo explicó el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde calificó la admisión a trámite como “una buena noticia para la defensa del Estado autonómico”.
“El mal llamado reparto de menores no acompañados afecta de forma fundamental a la Comunidad de Madrid, sin haber contado con nuestra participación en la toma de decisiones”, señaló García, quien además acusó al Gobierno central de utilizar esta medida “como moneda de cambio política”. Según el portavoz, el real decreto “solo respondía a un propósito: conseguir los siete votos que le presta Junts al presidente del Gobierno para que pueda mantenerse en la Moncloa”.
García también criticó que el Ejecutivo nacional negociara la norma “dejando al margen a las comunidades autónomas, salvo Cataluña”, y reclamó que se abra un debate “serio” sobre el control del fenómeno migratorio. “El sistema actual genera más caos del que pretende resolver”, apuntó, en alusión a la gestión de los flujos de menores migrantes en zonas especialmente tensionadas como Canarias, Ceuta y Melilla.
Aragón se suma
Madrid no es la única comunidad que ha llevado esta cuestión al ámbito judicial. El Gobierno de Aragón también presentó esta semana un recurso ante el Constitucional contra la misma norma, al considerar que invade sus competencias. Aunque ya había anunciado su intención el mes pasado, la impugnación se formalizó este martes, sumando más presión sobre la medida impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia.
El real decreto en cuestión fue aprobado por el Consejo de Ministros como una medida urgente para hacer frente a las contingencias migratorias extraordinarias que afectan a menores extranjeros no acompañados. La norma fue refrendada posteriormente por el Congreso de los Diputados, aunque no ha contado con el apoyo unánime de todas las comunidades.
Melilla reitera su oposición
En este contexto, el próximo lunes se celebrará una comisión sectorial clave en la que el Gobierno central intentará pactar con las comunidades autónomas el reparto definitivo de menores. Melilla, sin embargo, ha dejado clara su postura: no está dispuesta a aceptar nuevas asignaciones si no se modifican los criterios actuales y se asegura el refuerzo del sistema de protección.
Según recogió El Faro de Melilla recientemente, las autoridades de la ciudad autónoma consideran que este modelo de distribución no responde a las necesidades reales del territorio, que ya soporta una carga asistencial muy elevada. Desde el Gobierno local se insiste en que la ciudad se encuentra en una posición muy distinta al resto del país, por su localización geográfica y por el volumen constante de llegadas.
Melilla pide que se reconozca esta especificidad en cualquier estrategia nacional sobre infancia migrante y reclama mayor coordinación, recursos suficientes y soluciones estructurales. “No se puede hablar de reparto sin antes haber solucionado los problemas estructurales de fondo”, han señalado fuentes del Ejecutivo local.
La reunión del lunes se presenta, por tanto, como un momento decisivo para el futuro del sistema de acogida de menores migrantes, en medio de una creciente tensión institucional entre el Estado y varias comunidades que exigen respeto a sus competencias y autonomía.
