Siete solicitantes de asilo de nacionalidad maliense, atrapados en una situación de extrema vulnerabilidad en Melilla, han remitido una carta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la que apelan a su “sensibilidad” y “compromiso con los derechos humanos” para poner fin al limbo burocrático en el que se encuentran desde hace casi tres semanas.
Los migrantes denuncian que sus citas para formalizar las entrevistas de protección internacional fueron canceladas de forma repentina y sin previo aviso, lo que ha bloqueado completamente el proceso de solicitud de asilo. En consecuencia, al no poder avanzar en el trámite legal, tampoco han podido acceder al sistema de acogida, quedando excluidos del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y viéndose forzados a vivir en la calle, donde se encuentran actualmente.
La situación fue dada a conocer coincidiendo con la reciente visita de la ministra Saiz a Melilla. Desde entonces, los afectados han intensificado su presencia diaria frente a la Delegación del Gobierno en señal de protesta pacífica. Estas concentraciones tienen como objetivo visibilizar su caso y reclamar una solución urgente. Una de estas protestas se produjo el mismo lunes en que la titular del Ministerio de Inclusión acudió a la ciudad.
En la carta, dirigida también a la directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, Amapola Blasco, los migrantes expresan su “profunda preocupación” ante lo que califican como una situación injusta. Subrayan que, tras meses de espera para obtener cita, finalmente lograron acceder al trámite, pero este fue interrumpido al cancelarse las entrevistas sin ninguna comunicación formal por parte de la administración.
“El procedimiento de asilo exige una tramitación eficaz y justa”, remarcan los firmantes, quienes aseguran haber seguido todos los pasos conforme a la legislación española y europea. Añaden que la entrevista es un paso “fundamental” y “decisivo” para la valoración de sus casos, por lo que piden que se les reprogramen las citas “a la mayor brevedad posible” o, en su defecto, se les facilite un “traslado seguro y digno” a otra ciudad española donde puedan ser atendidos adecuadamente.
“Somos plenamente conscientes de las dificultades administrativas que puedan existir, pero apelamos a la sensibilidad y al compromiso de su Ministerio con los derechos humanos y el respeto a los procedimientos de protección internacional”, concluyen en su escrito.
Durante su estancia en Melilla hace apenas unos días, la ministra Elma Saiz fue preguntada expresamente por esta situación. Respondió justificando la política del CETI de no admitir a todos los solicitantes de asilo como parte de la estrategia gubernamental para frenar el tráfico de personas y combatir las mafias que, según dijo, “engañan a los más vulnerables”. “Tenemos que luchar, y así lo estamos haciendo con total contundencia, contra quienes quieren engañar a los más vulnerables, las mafias que cuentan historias que no se ajustan a la realidad”, afirmó.
Por su parte, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, señaló este martes que se van a estudiar individualmente los casos de estos migrantes para intentar ofrecer una respuesta administrativa que desbloquee su situación. “Se está trabajando para darles una solución”, indicó, sin avanzar plazos ni medidas concretas.
Los afectados han insistido en que continuarán concentrándose cada día frente a la Delegación del Gobierno hasta obtener una respuesta clara que les permita ejercer su derecho a solicitar protección internacional. Esta situación no solo refleja los problemas estructurales del sistema de acogida en Melilla, sino que vuelve a poner en el foco la tensión existente entre los flujos migratorios, la capacidad institucional de respuesta y las obligaciones legales del Estado en materia de asilo.
