El Ministerio de Juventud e Infancia ha reprogramado para el próximo lunes, 5 de mayo, la Conferencia Sectorial sobre la reubicación de menores migrantes no acompañados. Esta cita, que inicialmente estaba prevista para el 28 de abril, fue suspendida a causa del apagón eléctrico que afectó a toda la Península y que dificultó la movilidad y las comunicaciones entre los representantes de las distintas comunidades autónomas.
Según informaron fuentes del ministerio, la reunión será presidida por la ministra Sira Rego y tendrá lugar a partir de las 16:00 horas en la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El principal objetivo es debatir y aprobar los términos en los que se realizará la reubicación de menores no acompañados, procedentes principalmente de zonas tensionadas como Canarias y Ceuta, hacia otras comunidades autónomas.
La sectorial cobra especial importancia, ya que busca concretar los criterios de redistribución y los cálculos que determinarán cuántos jóvenes debe acoger cada territorio. Además, la reunión servirá para alinear la implementación de lo dispuesto en el real decreto ley aprobado por el Gobierno y convalidado por el Congreso el pasado 10 de abril, que establece la derivación de aproximadamente 4.400 menores en un plazo de un año, a partir del próximo verano.
El citado real decreto otorga a la Conferencia Sectorial la capacidad de modificar aspectos del modelo de reubicación, siempre que exista unanimidad entre las comunidades autónomas, un escenario que, según se reconoce desde diversas instancias, parece difícil dada la actual falta de consenso.
Fuerte oposición
Desde su gestación, la iniciativa del Ejecutivo ha encontrado una fuerte oposición, principalmente por parte de comunidades gobernadas por el Partido Popular. La Comunidad de Madrid y Aragón han recurrido el decreto ante el Tribunal Constitucional, al considerar que vulnera competencias autonómicas. Además, Aragón ha presentado otro recurso ante la Justicia contra el requerimiento de datos solicitado por el Gobierno, relacionado con el número de menores extranjeros no acompañados tutelados actualmente.
Esta resistencia política se suma a los argumentos económicos. En el caso de Melilla, el presidente Juan José Imbroda ha reiterado en varias ocasiones su rechazo al reparto estatal de menores. En declaraciones recogidas recientemente por El Faro de Melilla, Imbroda subrayó que la ciudad autónoma soporta ya una importante carga financiera derivada de la tutela de estos jóvenes.
Según datos publicados por este Diario, cada menor tutelado representa un coste anual de casi 60.000 euros para las arcas públicas melillenses, lo que incrementa la presión presupuestaria de un territorio que enfrenta desafíos adicionales por su singular situación geográfica y demográfica.
Contexto de máxima tensión
La suspensión de la sectorial prevista para el pasado 28 de abril no hizo más que agudizar las tensiones entre las comunidades y el Gobierno central. El apagón eléctrico, que afectó a toda la Península, obligó a cancelar la cita apenas unas horas antes de su celebración, ya que la falta de suministro eléctrico y de comunicaciones imposibilitó la asistencia de varios consejeros regionales, como los de Aragón y Valencia, que no pudieron llegar a Madrid debido a la suspensión del servicio ferroviario.
La nueva convocatoria representa, por tanto, una oportunidad crucial para intentar reconducir una situación que amenaza con enquistarse si no se alcanzan acuerdos sólidos y duraderos. El Ministerio de Juventud e Infancia confía en que el próximo lunes se puedan cerrar consensos que permitan dar cumplimiento al real decreto y asegurar una distribución más equilibrada de la acogida de menores en todo el territorio nacional.
Sin embargo, el panorama se presenta complicado. La falta de unanimidad en torno a los criterios de reubicación y las diversas acciones judiciales emprendidas contra el decreto auguran un debate tenso en el seno de la Conferencia Sectorial. A falta de unos días para su celebración, la incógnita principal es si se logrará salvar las profundas diferencias políticas y territoriales que hoy marcan este asunto.
