Imbroda rechaza el reparto estatal de menores

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha reiterado este jueves su rotundo rechazo a que el Gobierno central incluya a la ciudad en el nuevo reparto de menores extranjeros no acompañados (mena), impulsado a través de un real decreto ley cuya convalidación se debate este jueves en el Congreso de los Diputados y donde su partido, el PP, votará en contra.

La iniciativa ha provocado un fuerte malestar en el Ejecutivo melillense, que denuncia una falta absoluta de información oficial y lo que considera un trato desproporcionado e injusto para una ciudad que ya arrastra un sistema de acogida desbordado desde hace años.

A preguntas de los medios de comunicación, Imbroda ha confirmado que la Ciudad Autónoma no ha recibido comunicación formal alguna sobre cuántos menores le corresponderían en el nuevo reparto. Sin embargo, ha mostrado su inquietud ante las cifras que se han filtrado a través de la prensa nacional, donde se apunta que Melilla podría recibir hasta 34 menores, superando incluso a comunidades como Cataluña. “Eso, sinceramente, era un escarnio”, ha afirmado con dureza, asegurando que la única esperanza es que las protestas expresadas por su Gobierno “hayan llegado donde tenían que llegar” y se rectifique la medida.

Según el presidente melillense, esta información filtrada procedería del entorno de Junts per Catalunya, partido que, según sus palabras, “había hecho los números” del reparto, lo que refuerza su desconfianza en la transparencia del proceso y en el tratamiento igualitario hacia Melilla. “No se puede seguir gobernando a golpe de reparto arbitrario sin tener en cuenta la realidad de cada territorio”, ha advertido.

Un modelo agotado en Melilla

Durante su intervención, Imbroda ha recordado que Melilla ha sido históricamente uno de los territorios más afectados por la llegada de menores migrantes. Especialmente crítico se mostró al rememorar los momentos más duros, como los vividos en torno a 2018, cuando la ciudad llegó a acoger a cerca de 2.000 menores, muy por encima de su capacidad operativa.

“Fuimos pioneros, de alguna manera, en sufrir este fenómeno”, lamentó. Según datos expuestos recientemente por el propio Gobierno local, el coste estimado por cada menor acogido ronda los 60.000 euros, lo que ha generado un déficit de aproximadamente 120 millones de euros para la administración melillense en los últimos años. En este sentido, Imbroda denunció la falta de un sistema de financiación compensatoria por parte del Estado, pese a que la ciudad ha cumplido escrupulosamente con la Ley de Protección del Menor de 1996.

“Siempre hemos estado a la altura, respetando la ley, pero no podemos seguir solos”, sostuvo el presidente, que insistió en que Melilla necesita un tratamiento específico y diferenciado debido a su situación geográfica, sus limitaciones estructurales y la presión migratoria constante que soporta.

Posibles acciones judiciales

Imbroda ya había anticipado su malestar en declaraciones previas, como las recogidas por El Faro de Melilla, donde llegó a calificar el real decreto como “una horca legal” para ciudades como Melilla y Ceuta. A su juicio, esta normativa no responde a criterios justos ni adaptados a la realidad territorial, y supone una sobrecarga que podría tener consecuencias graves tanto en lo económico como en lo social.

Por todo ello, el presidente de Melilla no descarta llevar el caso a los tribunales, si el texto finalmente se aprueba en los términos actuales. Según fuentes del Ejecutivo local, los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma ya estudian posibles recursos legales para defender las competencias propias y oponerse a un reparto que consideran inviable.

“El Estado debe entender que no se puede seguir castigando a quienes ya han hecho más de lo que podían. Si no hay rectificación, actuaremos”, sentenció Imbroda.