Denuncian que el CETI deja en la calle a migrantes marroquíes llegados a nado a Melilla

Al menos nueve migrantes de nacionalidad marroquí que accedieron a nado a Melilla permanecen en situación de calle desde hace más de dos semanas, después de que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad, dependiente del Ministerio de Inclusión, les denegara el acceso a sus instalaciones. Así lo han denunciado en un comunicado conjunto más de treinta organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y Red Acoge.

Las entidades alertan de que la negativa del CETI constituye “una grave discriminación por nacionalidad”, derivada de los criterios que se aplican en los centros de Melilla y Ceuta. Según explican, los ciudadanos marroquíes estarían siendo excluidos del programa de atención humanitaria, en virtud de un supuesto acuerdo entre España y Marruecos. Esta situación deja a los afectados sin acceso a alojamiento, asistencia sanitaria ni posibilidad de iniciar procedimientos legales de protección.

De acuerdo con las ONG, la dirección del CETI se reunió con la Secretaría de Migraciones antes de tomar esta decisión, argumentando la existencia de ese acuerdo bilateral como base legal para excluir a los nacionales marroquíes. Sin embargo, las organizaciones cuestionan la legitimidad de aplicar criterios distintos según la nacionalidad del solicitante, lo que, en su opinión, vulnera principios básicos del derecho internacional humanitario.

La denuncia subraya también la falta de transparencia y previsibilidad en los criterios de admisión del CETI. A esta situación se suma una reciente modificación en el sistema de acceso a la protección internacional, que desde hace poco más de un mes ha pasado a ser completamente telemático. Este cambio, lejos de facilitar el proceso, está generando numerosos obstáculos. Las ONG afirman que el sistema actual no garantiza la posibilidad de formalizar la solicitud de asilo, dejando a muchas personas atrapadas en un limbo jurídico y social.

“Ni en Melilla ni en Ceuta se está expidiendo el resguardo acreditativo de solicitud de protección internacional”, denuncian las entidades. Este documento es fundamental, ya que protege a los solicitantes de una posible devolución forzosa mientras se resuelve su petición. Su ausencia agrava la situación de inseguridad jurídica y desamparo de las personas afectadas.

Además, la imposibilidad de trasladarse a la península agrava el aislamiento de estos migrantes, que se encuentran “atrapados en la ciudad sin acceso a derechos básicos como el empadronamiento o la sanidad”, según explican las organizaciones. A ello se suma que, para acceder al sistema de citas, la Policía Nacional únicamente les ha proporcionado un código QR que dirige a una web disponible solo en español, un idioma que muchos de los afectados no dominan.

Las ONG han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, al considerar que se está produciendo una vulneración sistemática de derechos humanos en las fronteras españolas. A su juicio, este tipo de prácticas se repiten con frecuencia en Melilla y Ceuta, y vulneran el principio de no devolución recogido en la legislación internacional.

El caso de los nueve marroquíes se produce apenas tres semanas después de que otros once solicitantes de asilo —cinco malienses y tres latinoamericanos, entre ellos venezolanos y colombianos— quedaran también fuera del CETI, viéndose obligados a acampar durante 14 días junto al centro. Finalmente, ocho de ellos fueron trasladados a la península.

Preguntada por estos nuevos hechos, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha declinado hacer declaraciones.

Las organizaciones firmantes instan al Gobierno a revisar de forma urgente los criterios de admisión del CETI, restablecer mecanismos efectivos para el acceso a la protección internacional y garantizar una acogida digna conforme a los derechos fundamentales de todas las personas, sin importar su nacionalidad.