La sección de Servicios Públicos de UGT en Melilla ha lanzado una dura crítica contra el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) por la forma en que se ha llevado a cabo el proceso de selección de personal estatutario temporal en la ciudad. El sindicato ha calificado la actuación del organismo como carente de transparencia y ha cuestionado la legalidad de las decisiones adoptadas por la nueva dirección del Área Sanitaria.
Según denuncian desde UGT, se habrían producido actos administrativos sin que mediara una resolución motivada que los justifique, algo que consideran inadmisible en cualquier procedimiento público. “La falta de transparencia en el proceso selectivo llevado a cabo no es permisible en un Estado de Derecho”, sostiene el sindicato, que advierte que este tipo de prácticas podría constituir una “vía de hecho administrativa”. De confirmarse esta figura, las decisiones podrían ser anuladas y, además, dar lugar a reclamaciones patrimoniales por parte de los trabajadores perjudicados.
UGT señala que su asesoría jurídica ya ha comenzado a estudiar el caso y ha exigido al Ingesa y a los cuatro nuevos miembros del equipo directivo del Área Sanitaria en Melilla que reconsideren su proceder. La organización sindical considera que se han vulnerado derechos básicos en el acceso al empleo público y alerta de un posible quebranto de los principios que deben regir cualquier convocatoria pública: igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Esta denuncia se suma a otras realizadas recientemente por diferentes agentes sociales y políticos. La Junta de Personal del Ingesa ya había alertado en días pasados de supuestas irregularidades en los procesos de contratación, tal como recogió El Faro de Melilla. Estos representantes sindicales criticaban la contratación de personal sin seguir un procedimiento abierto ni publicar las ofertas, lo que dejaba fuera a profesionales que cumplían con los requisitos y buscaban trabajar en el sistema sanitario público.
Por su parte, Somos Melilla también denunció públicamente la situación, calificando de “calvario” el que vive el personal sanitario por culpa de contrataciones arbitrarias y sin criterio claro. Desde esta formación se insistió en que el sistema actual castiga el esfuerzo, la preparación y la trayectoria de muchos profesionales, a quienes se relega en favor de decisiones opacas e injustificadas.
En ese mismo sentido, UGT ha aprovechado su pronunciamiento para visibilizar otro problema que, en su opinión, afecta de forma estructural a la organización del Ingesa en Melilla: la falta de mujeres en los cargos de libre designación. El sindicato lamenta profundamente que ninguno de los puestos de responsabilidad haya sido adjudicado a una mujer, pese a existir "profesionales capacitadas y preparadas para asumirlos", aseguran los ugetistas.
“Creemos que también hay mujeres competentes para estos cargos de confianza. Y, sin embargo, todos los puestos de confianza, todos, están ocupados por hombres”, reza el comunicado, que denuncia la existencia de un “techo de cristal” persistente en el acceso de las mujeres a puestos directivos dentro del Ingesa.
Para UGT, esta situación evidencia no solo una falta de sensibilidad con la igualdad de género, sino también una tendencia preocupante que refuerza patrones discriminatorios dentro de la administración pública. A su juicio, el nuevo equipo directivo ha perdido una oportunidad para avanzar hacia una estructura más igualitaria, justa y representativa.
El sindicato ha dejado claro que no permanecerá impasible ante lo que consideran una grave irregularidad administrativa y una injusticia social. En los próximos días, podrían iniciar acciones legales si no se revierte la situación o si el Ingesa no ofrece explicaciones claras y razonadas sobre lo ocurrido.
Mientras tanto, crece la presión institucional y social sobre el organismo sanitario para que introduzca cambios urgentes en sus procedimientos, rinda cuentas y recupere la confianza de sus trabajadores. En opinión de UGT y de otros colectivos, la transparencia no es una opción, sino una obligación legal, ética y social en toda gestión pública.
