Una treintena de veterinarios se han concentrado este miércoles, entre las 10 y las 12 horas, frente a la Delegación del Gobierno para protestar contra la promulgación del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.
Este Real Decreto entró en vigor el pasado día 2 de enero, aunque ya anteriormente se estaba aplicando en animales de producción. Por ello, en todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en España, se han realizado concentraciones convocadas por el Consejo General de Colegios Veterinarios, asociaciones de veterinarios y sindicatos.
Durante la concentración, en la que se ha podido ver a algunos perros y que ha estado envuelta en una atmósfera de pitos continuos, el presidente del Colegio de Veterinarios de Melilla, Rafael Serrano, ha explicado que el problema que surge de este Real Decreto es que les “coarta” su libertad de prescripción desde el punto de vista de su experiencia clínica y profesional y la evidencia científica. “Este Real Decreto nos obliga a seguir una cascada de prescripciones para el uso de medicamentos y va en detrimento de nuestra independencia como clínicos”, ha apuntado Serrano.
Según el presidente del Colegio de Veterinarios de Melilla, con esta medida el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación intenta controlar el uso de antimicrobianos desde el punto de vista clínico en pequeños animales para controlar también las resistencias antimicrobianas en la gente a pesar de que estos pequeños animales no entran en la cadena alimentaria de las personas.
Además, Serrano ha criticado “algunos flecos añadidos” del Real Decreto, cono es que, con él, los veterinarios tienen que ceñirse exclusivamente a las fichas técnicas de cada producto farmacológico.
En este sentido, ha puesto el ejemplo de un antimicrobiano cualquiera que sea exclusivo para el uso en perros y se limite su utilización para otras especies animales como gatos, aunque los veterinarios saben de sobra que ese producto farmacológico se podría usar en gatos disminuyendo la dosis. “En resumen, nos coarta mucho nuestra libertad”, ha subrayado.
A este respecto, el presidente del Colegio de Veterinarios de Melilla ha asegurado que ellos son los primeros interesados en el control de las prescripciones microbiológicas. De hecho, ha informado de que, desde que entró en vigor el Real Decreto, e incluso antes, han disminuido en un 70 por ciento el uso de antimicrobianos en animales grandes. Los veterinarios son, ha dicho su representante, quienes más apuestan, mediante sus criterios clínicos, por el control del uso de antimicrobianos y su paso a la cadena alimentaria atrófica de las personas.
Otra de sus peticiones ha sido la incorporación a la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, que en la actualidad se encuentra en fase de elaboración, de la posibilidad de la venta de medicamentos con destino exclusivamente a los animales bajo el cuidado de los veterinarios con la finalidad de completar su tratamiento, en línea con lo que está sucediendo en la Unión Europea (UE).
Adscripción al Ministerio
El presidente del Colegio de Veterinarios de Melilla ha criticado también que a los componentes este colectivo no se les considera “como verdaderos sanitarios”. Para él, la prueba es que están adscritos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y no al Ministerio de Sanidad como el resto de profesiones del ramo.
También hay que indicar que el Ministerio, a través del Real Decreto, puede sancionar a los veterinarios por no comunicar el uso de antimicrobianos con cuantías que pueden llegar hasta 1.200.000 euros. “Unas sanciones bastante grandes para el daño que podemos hacer”, ha afirmado Serrano.
De la misma forma, otro de los motivos de estas concentraciones a nivel nacional -aunque en Melilla no se aplica- es el gravamen cercano al 21 por ciento del IVA.
Soluciones
Serrano confía en que estas movilizaciones den algún fruto para ellos y que, por lo menos, la aplicación para la comunicación denominada Presvet y que ha sido creada por el Ministerio sea anulada, porque es algo que, según ha dicho, les aumenta “muchísimo” la carga de trabajo y les “limita” en sus decisiones clínicas.
