Los cinco trabajadores del almacén del Hospital Comarcal que perdieron sus empleos la pasada semana se concentraron ayer en la puerta del centro sanitario para protestar por su situación y pedir una solución lo más rápida posible. El secretario general de UGT de Melilla, Alonso Díaz, que se sumó a la protesta, afirmó que si no hay una solución pronto “radicalizarán sus posiciones”. Por su parte los empleados pidieron su readmisión en los puestos que ocupaban hasta el pasado día 15 de noviembre.
La plantilla de este servicio tuvo que abandonar sus puestos el día 16 cuando la nueva empresa adjudicataria, Eulen, decidió, sin previo aviso, no subrogar los contratos y dar empleo a otras personas para realizar su labor.
UGT, que denunció los hechos la pasada semana, apostó por reanudar las movilizaciones ante la falta de respuesta por parte de las partes implicadas, la empresa adjudicataria del servicio, Eulen y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). Alonso Díaz calificó de “canallada” los “despidos” del almacén y lanzó su esperanza de que el problema se resuelva en esta semana.
El secretario general de UGT afirmó que “no se pueden consentir” este tipo de actitudes, “menos aún cuando se trata de un servicio que viene de una Administración Pública”. Según Díaz, el Ingesa tiene obligación de velar por los intereses de los trabajadores y debe vigilar las actuaciones de las empresas adjudicatarias de sus servicios.
Así, el representante sindical apuntó que deseaba que la reunión que mantuvieron en la tarde de ayer la Dirección del Hospital y el subdirector para Andalucía y Melilla de Eulen y la que está prevista para hoy con un responsable del Ingesa, sirva para solucionar cuanto antes la situación de la plantilla del almacén, que lleva una semana sin trabajo.
No obstante, Díaz recordó que como ya dijeron en la movilización del pasado viernes “no vamos a parar hasta que sean readmitidos”.
En este sentido señaló que es imprescindible “respetar las leyes” y afirmó que Eulen “no lo está haciendo” desde el momento de la adjudicación del servicio. Según Díaz, la empresa adjudicataria del servicio tenía la obligación de velar por el contrato, en el que dijo que estaba contemplada la subrogación.
Así el representante sindical insistió en que no se pueden permitir este tipo de actuaciones ya que se correría el riesgo de que hubiera “un efecto dominó” que afectara a trabajadores de otros servicios, no sólo sanitarios.
Díaz criticó la actitud “caciquil” de la empresa, a la que acusó de pensar sólo en el dinero y no en los puestos de trabajo de los cinco hombre que se encargaban del servicio del almacén desde hace entre cuatro y siete años.
Los trabajadores, por su parte, esperan que la solución a esta situación llegue cuanto antes y que las reuniones de ayer y hoy consigan aclarar los despidos y ellos puedan volver a sus puestos de trabajo. Una semana después de perder sus empleos todavía creen que es posible la readmisión y la “vuelta a la normalidad”.
