El sindicato asegura que la empresa se niega a aplicar correctamente el convenio.
La Unión General de Trabajadores (UGT) de Melilla denunció en la jornada de ayer la situación que viven los trabajadores del Centro de Menores Infractores de Melilla, dependiente de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
Según señaló la Federación de Servicios Públicos (FSP) del sindicato en una nota de prensa, los empleados del centro “han vuelto a sufrir recortes en sus nóminas, las cuales rondan los 300 euros mensuales”. Además, el sindicato aseguró que la empresa “ha actuado de manera totalmente unilateral”, sin negociar con los trabajadores.
La encargada de gestionar el Centro de Menores Infractores es la Fundación Diagrama, la cual percibe mayores subvenciones de la Ciudad Autónoma y cuenta con menos personal que la anterior adjudicataria, Proyecto Joven, según la UGT, por lo que aseguraron no entender a qué se deben estos recortes.
Además, subrayaron que, según el Artículo 8 del Convenio Estatal, se indica que la empresa deberá “compensar y absorber cualquier mejora que vinieran disfrutando con anterioridad los trabajadores en materia retributiva salarial o extrasalarial”.
“Queremos denunciar públicamente a esta empresa por sus actitudes, comportamientos y continua persecución laboral a nuestros delegados”, criticaron desde la formación ugetista. Además, instaron a la Fundación Diagrama a que vuelva a ingresar en las nóminas de los trabajadores “las cantidades detraídas de manera injusta”.
Ambas partes llevan enfrentadas más de un año.
No es el primer enfrentamiento que mantiene el sindicato con esta empresa, pues ya en agosto del pasado año la UGT denunció ante Justicia que la Fundación Diagrama “estaba tratando de imponer su propio convenio colectivo sin tener en cuenta la subrogación”.
En la demanda interpuesta por los ugetistas, se aseguraba que la empresa no estaba cumpliendo con lo acordado en horarios laborales, derechos sindicales y retribuciones salariales.
Tan sólo unos meses más tarde, el Juzgado de lo Social de Melilla dictó sentencia en favor de la formación sindical, conminando a la empresa a respetar las condiciones acordadas con la anterior adjudicataria del servicio de gestión del centro. Sin embargo, en diciembre los ugetistas volvían a protestar, pues pese a la sentencia, aseguraban que las irregularidades se mantenían.
Según las informaciones remitidas por la UGT a lo largo del 2011, el conflicto entre ambas partes no se ha solucionado. Además, en el mes de mayo denunciaron que la empresa estaba “presionando a algunos trabajadores para arrebatarles los derechos que no pudieron quitarles por la vía judicial”.
En la jornada de ayer, El Faro trató sin éxito de ponerse en contacto con la Consejería de Bienestar Social para conocer su opinión al respecto.
