El grupo CpM ha sido el primero en intervenir en el pleno de control de este viernes. Su portavoz, Emilio Guerra, recordó que el Estatuto de Autonomía de Melilla cumplió 30 años y que, en ciertos aspectos, éste queda obsoleto.
De esta forma, instaba al Gobierno de la Ciudad a crear una comisión para revisar este reglamento: “en su momento, a través del artículo 144 de la CE se creó un régimen singular que nos otorgaba una capacidades similares a las del resto de comunidades autónomas. Nos fuimos creyendo ese espejismo de un estatus idéntico al del resto de comunidades autónomas españolas hasta que resoluciones judiciales posteriores nos bajaron de esa nube considerando nuestro Estatuto como un producto meramente localista. Desde ese instante, a mi juicio, se puso en cuestión el espíritu de la ley. Se creó inseguridad jurídica y se estableció una limitación importante a nuestra capacidad de autonomía. Desde entonces, la percepción de tutela por parte del Estado es una constante que marca algunas diferencias con el resto de españoles”.
Durante su intervención, Guerra recordó que en el Foro de Nueva Economía del pasado domingo el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, hablaba de la necesidad de cambiar el Estatuto porque “el actual ya no sirve para que la ciudad pueda crecer, dijo”.
En su alocución abogó porque Melilla asuma todas las competencias posibles, incluso las de Sanidad y Educación y “pidió las mismas herramientas que otras comunidades autónomas para así subsanar las enormes deficiencias de las que nos quejamos”.
Antes estas reivindicaciones, los cepemistas abogan por ser más contundentes a la hora de instar a esa reforma, aunque Guerra también matizó que sus peticiones “siempre han estado un poquito condicionadas al color político del Gobierno central”·
Guerra afirma que “el tiempo juega en nuestra contra” y anima al Gobierno de la Ciudad a “conseguir el respaldo del Ejecutivo nacional y por supuesto del Parlamento sea del color que sea. Necesitamos desterrar esos viejos textos y esa frase de ‘Ahora no es el momento político’. Como consecuencia creo que ya vamos tarde. Es una pena que no tengamos un marco normativo moderno”.
El Estatuto de Melilla fue ratificado en 1995 y desde entonces se han experimentado importantes cambios económicos, transformaciones demográficas. Estamos reclamando igualdad de oportunidades ante la brecha social”, expuso Guerra quien solicita una comisión especial para unificar criterios de todos los grupos políticos de esta Asamblea y “consensuar un documento de reforma parcial”.
La consejera de Presidencia, Marta Fernández, va más allá, afirmando “estamos totalmente de acuerdo sin que sirva de precedente, pero nosotros vamos más allá ustedes plantean una reforma parcial y nosotros una reforma de máximos”.
La consejera de Presidencia explicó que “tenemos que ser ambiciosos y llevamos tiempo trabajando en ello”.
Marta Fernández recuerda que “en estos 30 años de vigencia del Estatuto de Autonomía, las circunstancias, fundamentalmente exógenas, como puede ser el cierre de la aduana comercial, las crisis migratorias y alguna endógena como el precio del transporte o la asunción de competencias impropias que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, marcando un antes y un después con el cierre de la aduana unilateralmente por parte del Reino de Marruecos en 2018 ha exigido que nos veamos obligados a cambiar nuestro sistema económico, basado, fundamentalmente, en el monocultivo del comercio, a tener que iniciar unas nuevas vías de desarrollo, centradas en otros pilares de desarrollo, tales como el turismo, la innovación tecnológica y la universidad”, señaló la consejera de Presidencia.
En este sentido, quiso dejar claro que en el tema de las universidades somos “nosotros los que ponemos el dinero aún sin ser competencia nuestra”. Además tacho de “arcaicas” las leyes vigentes en Ceuta y Melilla: “en definitiva, está suponiendo una clara distorsión del estado autonómico, tal y como lo conocemos. Señor Guerra nosotros no podemos depender de los convenios interadministrativos. El Estatuto no ha cumplido las expectativas, pero para avanzar dentro del nuevo modelo económico de la ciudad es necesario hacer cambios. No podemos ver mermadas nuestras aspiraciones de autogobierno, así que tenemos que ser valientes y aportar por una reforma de máximos para que Melilla quede como la autonomía que debería ser”.
El portavoz cepemista se mostró totalmente de acuerdo con las pretensiones del Gobierno de la Ciudad.
Otra de las interpelaciones de CpM vino de la mano de la diputada Cecilia González quien reclamó la vuelta a la normalidad en la aduana comercial y “cuando me refiero a vuelta a la normalidad me refiero a la apertura de la aduana comercial y al tránsito comercial”.
González mencionó el Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, ratificado en Rabat, el 4 de julio de 1991 y del que dijo, “Marruecos está incumpliéndolo trascendentemente”.
Otro de los asuntos que abordó la diputada cepemista fue el relativo al transporte en Melilla: “hemos conseguido un sistema de bonificación al 75 por ciento que lejos de repercutir en el bolsillo de los melillenses, sólo repercute cuando se compra un billete con mucha antelación. Al final hemos propiciado que se dé un monopolio porque, lógicamente, no pueden acceder a licitar a empresas que no tengan un colchón financiero”.
A todo esto se suma la supresión de la ruta a Almería los fines de semana “está claro que hace falta un cambio urgente en el sistema de bonificación de los transportes”.
Tras esta reflexión, Cecilia González preguntó, ¿qué partido de esta Asamblea no firmaría ese escrito que presentamos nosotros con estas demandas. Supongo que ninguno porque estamos todos de acuerdo en que son cuestiones estratégicas importantísimas”.
En este sentido, el vicepresidente primero, Miguel Marín respondió que “a estas alturas no es momento de plantear crear una comisión, es el momento de actuar, y de hacerlo con carácter urgente”.
“Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las cuestiones que usted plantea son competencias exclusivas del Gobierno central. Y ese Gobierno central es Sánchez quien debe dar respuesta a todas esas cuestiones”, afirma Marín.
El vicepresidente incide en que el PP lleva solicitando la reapertura de la aduana desde el 2018, desde el Gobierno Imbroda, desde distintas asociaciones y organizaciones empresariales y “el PSOE, el Gobierno de Sánchez nos ha estado engañando desde el 1 de agosto del 2018, diciéndonos cada dos o tres meses que muy pronto se reabre y nos toman el pelo a todos los melillenses. La aduana comercial lleva funcionando décadas sin problemas técnicos, ni políticos. Marruecos lleva bloqueando el tránsito de mercancías de España hacia Marruecos, lo que ha supuesto un daño muy importante para el comercio minorista de Melilla. Las informaciones que salen en los medios de comunicación y las propias declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores son muy preocupantes. Éste es un problema político, no técnico”.
“No es momento de crear comisiones sino de actuar”, sentenció Marín.
