El Gobierno de la Ciudad Autónoma ha denunciado la "discriminación inopinada" que padece Melilla por parte del Gobierno de España en asuntos como el reparto de fondos o la fiscalidad, en contraposición a "otros territorios se les va a dar una fiscalidad especial", en referencia a Cataluña.
Esta es la valoración que ha realizado a los medios la portavoz del Ejecutivo local, Fadela Mohatar, sobre la XXVII Conferencia de Presidentes que se celebró ayer viernes en Santander y a la que acudió el presidente en funciones de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, quien también lamentó la falta de acuerdo en dicha reunión.
"¿Cómo pretendemos alcanzar algún acuerdo en la Conferencia de Presidentes, tras dos años y medio sin convocarse, cuando no hay un orden del día, ni acuerdo ni documento previo sobre el que tratar, votar o discutir?", se ha preguntado Mohatar, que ha asegurado que "no se puso nada encima de la mesa" en dicha reunión.
Pese a ello, ha señalado que seguirán presentando todo tipo de propuestas en beneficio de la ciudad autónoma tanto en el Congreso como en el Senado utilizando para ello "todas las herramientas democráticas a nuestro alcance".
Ludotecas
Por otro lado, la portavoz del Gobierno ha asegurado que ya está solucionando el impago que sufren los trabajadores de las ludotecas, que llevan más de dos meses sin cobrar sus respectivas nóminas por parte de la empresa Alvalop, que gestiona dichos centros a través de un contrato mayor acordado con la Administración local.
La portavoz del Ejecutivo melillense ha querido dejar “fuera de toda duda” que la Ciudad Autónoma está “encima y pendiente” de este asunto para solventar este “problema puntual”.
“Un problema momentáneo o puntual que puedan tener las contrataciones no justifica que la empresa deba tener la suficiente solvencia económica si se ha presentado al concurso con una serie de servicios que tiene que prestar para poder hacer frente a esos imprevistos”, ha explicado.
Los trabajadores de las ludotecas, acompañados por el sindicato Comisiones Obreras, se concentraron el pasado martes frente a la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública exigiendo el pago de sus salarios y unas condiciones “dignas” de trabajo.
