Un juzgado de Ceuta ha declarado como “ilegales” las devoluciones de migrantes en el mar, a raíz de una denuncia presentada por dos organizaciones en contra de esta práctica en la frontera de Ceuta como consecuencia de la devolución de dos personas que entraron a nado en la ciudad.
En un comunicado conjunto de las asociaciones denunciantes que recoge Efe, que aportan la sentencia del órgano judicial, se recoge que el Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Ceuta ha dictado dos sentencias sobre la figura jurídica del rechazo en frontera, comúnmente conocida como devolución en caliente.
“Desde que la ley de protección de la seguridad ciudadana introdujo esta figura jurídica, el ejecutivo ha venido aplicándola en Ceuta y Melilla sin límite geográfico, no solo en el perímetro fronterizo de la valla, sino también en el mar, en islotes y archipiélagos o en el centro de la ciudad”, según las asociaciones.
Contra esta práctica el juez se posiciona en sus recientes sentencias confirmando a la Administración que este rechazo de naturaleza tan excepcional sólo está previsto en el perímetro de la valla y recordando que en el resto de ubicaciones deberá emplear el procedimiento de devolución ordinaria con todas sus garantías.
En los asuntos analizados por el Juzgado, ha quedado acreditado que los migrantes fueron interceptados por la Guardia Civil en el mar mientras trataban de acceder a la costa ceutí y, posteriormente, fueron devueltos a Marruecos sin haber podido tener asistencia letrada ni intérprete.
Estas entradas por vía marítima son una constante en la ciudad de Ceuta, con especial intensidad en los últimos meses, por lo que estas resoluciones proporcionan el marco jurídico con el que debe actuar la Delegación de Gobierno en las devoluciones de las personas.
Y, aunque las resoluciones no son firmes todavía, suponen un avance en el reconocimiento de la irregularidad de estas prácticas y de los derechos que tienen las personas que acceden a territorio español, según las organizaciones.
Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes, asociaciones que han representado a los afectados, exigen el cese de esta práctica, reclaman el reconocimiento de todas las garantías procedimentales a las personas extranjeras y recuerdan que el control de fronteras es una responsabilidad del estado que debe ejercerse con pleno respeto a los Derechos Humanos.
