El anuncio realizado en las redes sociales acerca de la preparación de inmigración masiva sobre Ceuta y Melilla este fin de semana ha levantado cierta expectación en las dos ciudades autónomas. En estos últimos días no dejan de conocerse noticias que apuntan a que Marruecos está tratando de parar las avalanchas. Ya ha detenido a un tiktoker que se dedicaba a incitar a pasar a territorio español este domingo y también se ha sabido que unas sesenta personas han sido arrestadas en Tánger y alrededores por estar preparándose precisamente para llegar irregularmente a Ceuta.
También ha trascendido que el vecino país está reforzando la vigilancia para dar mayor seguridad a los puntos desde los que, supuestamente, partirían esos migrantes: las fronteras terrestres y determinados lugares muy concretos de la costa marroquí. Incluso se apunta que se estarían salvaguardando las zonas de Farhana y Barrio Chino.
Coinciden todas estas informaciones con el debate que el pasado miércoles mantuvieron en el Congreso el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la diputada del Partido Popular por Melilla, Sofía Acedo, acerca de la inmigración irregular y cómo ponerle freno. Acedo se mostró muy tajante contra la política de "brazos caídos" de la que acusó al Gobierno de Pedro Sánchez y exigió que se adopte una "política de Estado" integral tras la declaración de la emergencia migratoria que los populares vienen reclamando desde hace semanas.
Como manifestó la representante popular, es necesario y urgente ya que el presidente Pedro Sánchez comparezca ante la Cámara Baja y explique pormenorizadamente las medidas que piensa implantar para ejercer un control eficaz y exhaustivo sobre esas migraciones irregulares que tienen en jaque a comunidades como Canarias y la Ciudad Autónoma de Ceuta, fundamentalmente.
Por ahora apenas si se le ha oído pedir que el PP apoye una reforma de la Ley de Extranjería que permita que los menores puedan ser repartidos a lo largo y ancho de España. Otra de sus ideas es deportar a los migrantes irregulares, pero lo decía prácticamente al mismo tiempo que anunciaba en su viaje a Mauritania, entre otros países africanos, la habilitación de 250.000 puestos de trabajo en España.
No le falta razón a Sofía Acedo cuando acusa al Gobierno de "dar bandazos" y de no ser coherente con su política migratoria. De aquella bienvenida jubilosa del año 2018 a los que venían a bordo del "Aquarius", repleta de fotografías y sonrisas de Sánchez y los suyos, se ha pasado a hablar de deportaciones. Y es el mismo Gobierno que no ha ejecutado más que un 4% de las órdenes de expulsión y que se dedica a regalar cientos de millones de euros a los países origen de estos migrantes sin que se aplique el más mínimo control o supervisión sobre cómo se está utilizando.
Cuando Canarias y Ceuta están en el filo de la navaja, que ya no saben de dónde sacar recursos para atender a los migrantes que les llegan, sean adultos o menores, el Gobierno se dedica a llevarlos a centenares a la península y repartirlos por distintas poblaciones sin que ni siquiera se les haya avisado o se les faciliten recursos para poder atenderlos adecuadamente.
Esa es toda la política migratoria que los españoles pueden apreciar día tras día mientras magrebíes y subsaharianos ponen sus esperanzas en el barco, el salto o las aletas con las que nadan hasta las costas ceutíes porque, al final, saben que serán conducidos a la península y desde allí a esa Europa que tanto anhelan.
