El Gobierno melillense dijo ayer que está trabajando en la toma de medidas encaminadas a poner luz en las oposiciones que se celebren en la Ciudad Autónoma, lo cual no deja de ser una buena noticia si, al final, eso redunda en mayor trasparencia en los procesos selectivos de personal, tan cuestionados por los ciudadanos, algo a lo que contribuyen, además, sentencias recientes que ponen en solfa la actuación de la Administración Pública en esta materia que comentamos.
De hecho, no es de recibo que la presidenta de un tribunal, como pasó con los bomberos en 2017, sea amiga íntima de la tía de una de las opositoras y no se aparte del proceso para no influir en los resultados. No sólo no se recusó a sí misma sino que utilizó su puesto para beneficiar a la sobrina de su amiga cambiando los criterios de evaluación psicotécnica para que fuera declarada apta y actuar así en contra de los intereses de otros opositores, que quedaron fuera posiblemente de forma injusta.
Tampoco es normal que una persona que no reunía los requisitos exigidos en el momento de inscribirse para participar en las pruebas para la Policía Local en 2021, participara en los exámenes y no solo eso, sino que aprobara y accediera al cuerpo nombrándosele el último para iniciar la carrera funcionarial, precisamente cuando se extinguía el motivo por el que ni siquiera debía de haber sido aceptada su candidatura; es decir, tenía antecedentes penales.
Casos como estos son los que provocan tanto malestar entre los ciudadanos, los que restan cualquier credibilidad a los procesos selectivos de personal y los que llevan a pensar que si "no hay enchufe" no hay puesto de trabajo posible dentro de lo que es la Ciudad Autónoma. Por eso es imperioso acabar con esa sensación que tienen los melillenses y eso solo se consigue dando total transparencia a las oposiciones.
Se antoja como muy buena idea que sean funcionarios procedentes de otros lugares, como es el caso de Andalucía, para que formen parte de los tribunales en Melilla. Tampoco está mal pensado que exista una comisión permanente formada por personas independientes para que vigilen las pruebas y que, al mismo tiempo, se elabore un nuevo manual de instrucciones por parte de Administración Pública, maxíme si tenemos en cuenta que el propio Gobierno dice que el actual "puede haber quedado un poco obsoleto".
Todas las medidas que se implementen para que haya claridad en las oposiciones son más que bienvenidas. Es muy importante que el joven que lleva meses y años estudiando, preparándose a conciencia, tenga la seguridad de que habrá igualdad de oportunidades para todos los que opten a un determinado puesto de trabajo público.
Guste más o menos, lo cierto y verdad es que la mayoría de los chicos melillenses quieren ser empleados públicos. Todos ellos tienen que tener claro que las puntuaciones respetarán las líneas básicas de los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir todo procedimiento público para entrar a formar parte de la plantilla de la Administración.
Por cierto que se sigue a la espera, por otro lado, de que el Gobierno de España responda a las preguntas que formuló Vox hace algunas semanas sobre las supuestas irregularidades que se habrían producido en las oposiciones de maestros que recientemente se llevaron a cabo en Melilla. Si la Administración General también diera transparencia a esos tribunales, tampoco estaría de más.
