La Delegación del Gobierno en Melilla continúa a la espera de recibir los informes pertinentes por parte de la Abogacía General del Estado para ver cómo y cuándo se pueden sacar adelante los planes de empleo de este año.
La situación está a así cuando ya ha pasado el ecuador del año y después de la sentencia contra la Delegación en el proceso interpuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT) por haber pagado diferentes salarios de los que correspondía según el convenio de la Administración General del Estado (AGE) y por discriminación y trato desigual al personal contratado a través de esos planes. Eso es lo que ha estado sucediendo desde 2019, de acuerdo con la sentencia del Juzgado de Lo Social.
Fuentes de la Delegación del Gobierno han reiterado que no se trata de una cuestión “meramente económica”, sino, más bien, de los motivos por los cuales una persona debe ser seleccionada.
Estas fuentes añaden que el problema tiene que ver, más bien, con la “idiosincrasia” de los planes de empleo, que, tal como se ve desde la Delegación, tiene que ver con “ayudar a la empleabilidad a personas de difícil inserción laboral”, teniendo en cuenta parámetros como el tiempo que lleva desempleado y otros puntos relacionados.
“El problema no era económico –insisten-, sino de seguir manteniendo el espíritu por el que se crearon los planes de empleo”, dicen, e insisten en su idea de encontrar una solución estructural, no sólo para seguir con la contratación de este año, sino para tener la “tranquilidad jurídica” de que en lo sucesivo también se hará correctamente. Por eso se han enviado consultas a Intervención.
Desde la Delegación del Gobierno, por otra parte, han mostrado su extrañeza por el hecho de que el presidente de la Ciudad Autónoma, se refiriera hace unos días a que tenía pocas esperanzas de que los planes de empleo fueran a ponerse en marcha esta semana. Por qué apuntó a esta semana es lo que le sorprendió a la Delegación, que en ningún caso había dado indicio de que ello fuera a ser así.
Con más de mil personas esperando a que se resuelva el asunto, Vox abogando por que el futuro de la ciudad no dependa de los planes de empleo y la CGT diciendo que los planes de empleo de la Delegación del Gobierno son “un choteo” a los trabajadores y acusando a la delegada, Sabrina Moh, de no cumplir con ellos, y con un mes perdido para cumplir con los plazos, que marcan que el día 31 de diciembre deben terminar, el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en Melilla, Francisco López, añade otra variante.
Según recuerda López, los planes de empleo de este año se hicieron con un presupuesto concreto, por lo que, para cumplir con la sentencia, habrá que modificarlos de alguna manera: o modificando el dinero otorgado para cumplir los seis meses de contrato (en caso de que no se cumplan) o alargando los contratos hasta los primeros meses de 2025.
El dirigente sindical es consciente de que eso no lo puede hacer la Delegación del Gobierno en Melilla, sino que se encargan de ello instituciones en Madrid, como el Ministerio de Hacienda o el Servicio Público de Empleo (SEPE). Por lo tanto, agrega que hay que pedir autorización para esa modificación a la Administración General del Estado (AGE). “Si se creara un plan de empleo sin esa modificación, volveríamos a incurrir en la ilegalidad que ha determinado el juzgado”, alerta.
Pese a lo que se dice desde la Delegación del Gobierno sobre que los planes de empleo tienen que terminar el 31 de diciembre y que, sea cuando sea cuando empiecen, se tendrán que realizar el tiempo que quede hasta final de año, López sí cree que es posible que continúen durante los primeros meses del próximo año, porque “no es la primera vez que un plan de empleo se alarga al año siguiente”. En resumen, apunta el líder de CCOO en la ciudad autónoma, “el Gobierno determinará si reduce dinero y, por lo tanto, se cumplen hasta el 31 de diciembre haciendo menos meses o estableciendo que se acabarán, por ejemplo, el 28 de febrero”.
López, quien ha instado a todos los políticos a no hacer leña del árbol caído para atacar a la Delegación del Gobierno y pensar en los beneficios que los planes de empleo aportan a Melilla. En este sentido, ha puesto como ejemplo al Partido Popular (PP) de Ceuta –con el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, a la cabeza-, que sí se ha mostrado partidario a favor de la reforma de la ley de extranjería, aun yendo en contra de las consignas del partido a nivel nacional. porque considera que es buena para la ciudad.
