El Pleno del Tribunal de Cuentas (TCu) ha aprobado este jueves el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Ciudad Autónoma de Melilla correspondiente al año 2021, en el que ha detectado deficiencias en la gestión del inventario de esta administración pública.
Según ha señalado el TCu en su informe de fiscalización, la Cuenta General de la Ciudad Autónoma en 2021 “presenta fielmente su situación económica, financiera y patrimonial” excepto algunas salvedades, como “la limitación relativa al inmovilizado del balance de la Administración General y la denegación de opinión en la auditoría de una sociedad pública”.
El hecho de que no exista un inventario de los bienes del inmovilizado para su control individualizado y que, a su vez, esté conectado con la contabilidad impide evaluar la realidad de los saldos reflejados en el balance de la Administración General de la Ciudad de Melilla.
Como consecuencia, el TCu tampoco puede opinar sobre la razonabilidad de la amortización por depreciación de los elementos del inmovilizado durante el año 2021, cuando el Gobierno de Melilla estaba presidido por Eduardo de Castro (expulsado de Ciudadanos) y los dos socios mayoritarios eran Coalición por Melilla (CpM) y PSOE.
Respecto a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. (Emvismesa), el TCu señala que el informe del auditor privado deniega la opinión de las cuentas auditadas al no poder verificar cuestiones significativas respecto al activo no corriente, las existencias, el importe neto de la cifra de negocios, la tesorería y los posibles litigios, reclamaciones o demandas.
Además, la Ciudad Autónoma de Melilla no ha cumplido la obligación de elaborar y aplicar un Plan de Igualdad entre mujeres y hombres para su plantilla, según el Tribunal de cuentas, que cifra en 477 millones de euros el presupuesto consolidado que gestionó el sector público de dicha administración, mientras que el gasto consolidado fue de 289 millones de euros.
El informe de fiscalización recoge que la Administración melillense tramitó aquel año tres créditos extraordinarios y dos suplementos de crédito por 11 millones de euros sin haber acreditado el carácter específico y determinado de los gastos a realizar ni la imposibilidad de demorarlos hasta el ejercicio siguiente.
Además, al final del ejercicio quedaron sin ejecutar 8 millones de euros y el resultado presupuestario está sobrevalorado en 7 millones de euros, según el TCu, que también ha detectado “omisiones y carencias de información relevantes” en la Memoria de la Administración General.
En cuanto al remanente de Tesorería, a 31 de diciembre de 2021 tenía un saldo positivo de 139 millones de euros, si bien el informe de fiscalización insiste en que “no refleja la verdadera situación financiera a corto plazo de la Administración General” porque está sobrevalorado en 4 millones de euros.
Entre las principales recomendaciones, el TCu señala la necesidad de mejorar la práctica presupuestaria relativa a las modificaciones para que, además de ajustarse a la normativa, su tramitación se acomode a las necesidades efectivas de financiación.
También sugiere a la Ciudad Autónoma que continúe con las medidas iniciadas para lograr un inventario completo, actualizado e informatizado, con conexión al sistema contable; y que siga con los cambios orgánicos precisos para separar las funciones de contabilidad y control de la gestión económico-financiera.
En cuanto al seguimiento de recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en el Informe de 2020, seis recomendaciones no han sido cumplidas, cuatro están en curso y tres han sido cumplidas.
