Después de cinco días de "reflexión" por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apenas si se ha despejado una incógnita y es que, como muchísimos aventuraban en este país, continuará en su cargo. Sin embargo, su intervención para anunciar que se queda no ha hecho más que aumentar la incertidumbre sobre cuál va a ser el futuro de España. Advierte sobre medidas y dice que habrá un "punto y aparte" pero no especifica cuáles son sus ideas ni en qué va a consistir esa nueva etapa "democrática" que anuncia. En definitiva, poco se sabe de lo que va a pasar más allá de que esa "reflexión" de cinco días no ha sido más que una estrategia más del jefe del Ejecutivo español para tratar de sacudirse el estercolero que le venía ahogando en las últimas semanas.
Lo decía Amín Azmani, presidente de Somos Melilla, y no le faltaba razón: el parón de cinco días ha servido para aumentar su posición en las encuestas (el CIS ha llegado a decir que se sitúa 10 puntos por encima del PP), tener "prietas las filas" y acabar con las voces críticas dentro del PSOE, como es el caso de Emiliano Page, por cierto muy abucheado por sus "compañeros" socialistas el pasado sábado durante su intervención en el Comité Federal.
Los jueces, según reconocía el decano de Melilla, Fernando Germán Portillo, se temen lo peor. Se ven en el punto de mira de este Gobierno, que los acusa de estar politizados y poco menos que de constituir un grupo ultraderechista contra la Democracia, y por eso deja claro que si algo garantiza el sistema democrático y el Estado de Derecho es, precisamente, la independencia judicial, que siempre estará ahí para impedir los abusos de poder. Y quizás por eso estorban tanto, porque no permiten que quienes rigen los destinos de España hagan de su capa un sayo, que los dineros públicos vayan indebidamente a bolsillos corruptos y que cualquier mayoría en el Parlamento pueda pervertir el sistema en su propio beneficio.
Por eso Portillo abogó por un poder judicial independiente y elegido al margen de los tentáculos políticos que tanto quieren influir. No es que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vaya a intervenir en los asuntos del juez del pueblo o la ciudad que sea, es que nombra a los que están arriba, a esos que sí pueden entender de causas tan importantes y políticamente tan peligrosas como el llamado "caso Koldo" o el presunto tráfico de influencias que habría permitido a la mujer del presidente Sánchez recomendar empresas que posteriormente recibían suculentos contratos desde el Consejo de Ministros encabezado por su marido.
Tampoco la libertad de expresión está ahora mismo totalmente salvaguardada con las primeras palabras pronunciadas por Pedro Sánchez para decir que se queda. Decir que se confunde "libertad de expresión con libertad de bulos" es una muestra del concepto que el presidente del Gobierno tiene de unos medios que no les ríen las gracias ni aplauden como focas sino que han puesto de manifiesto cuestiones que, por cierto, no han sido desmentidas en ningún momento ni tampoco objeto de querellas por injurias, como sería oportuno en el caso de que resultasen ser falsas.
La propia Federación de Asociaciones de la Prensa Española (FAPE) ha hecho público un comunicado dejando claro que Sánchez debió hacer esas declaraciones ante los periodistas para que estos pudieran preguntar y así todos sabríamos a estas alturas cuáles son las medidas que piensa implementar para esa "nueva etapa" que pretende imponer en España.