Por mucho que los cepemistas estén calentando a la gente a través de sus chats de whatsapp, aparte de las declaraciones públicas formuladas por el diputado Emilio Guerra, resulta evidente que el victimismo habitual de CpM, sus alusiones siempre a la etnia y la religión para justificar sus actos, esta vez no van a colar de ninguna de las maneras. Y menos después de leer el atestado policial que habla de "organización criminal con mayúsculas" que presuntamente habría montado el partido para pagar votos y conseguir perpetuarse en el poder dentro de la Ciudad Autónoma.
Esa táctica de hacerse la víctima del racismo imperante para esconder detrás la comisión de posibles delitos muy graves ya no sirve. Aquí no se investiga a nadie por sus creencias religiosas ni por la cultura a la que se pertenece, se investigan delitos muy importantes, que conllevan penas de no menos de 6 años de prisión. El atestado policial es meridianamente claro a la hora de establecer la existencia de una organización totalmente jerarquizada, en cuya cúspide estaría el presidente cepemista, Mustafa Aberchán, actualmente en una cárcel de Santander.
Había incluso cuatro escalones distintos y con diferentes misiones, todo ello encaminado a esquilmar el dinero público en favor de una red dedicada a la compra masiva de votos para que CpM se perpetuara en el Gobierno melillense, lo que es tanto como decir que se pretendía pervertir el sistema democrático a base de los miles de euros entregados a través de contratos fraudulentos a personas cercanas o directamente de la estructura del partido.
La gravedad de lo que sucedió durante el período en que gobernó CpM junto al PSOE y a Eduardo de Castro no tiene parangón en la historia democrática de la ciudad. La policía llega a decir que era Aberchán el auténtico presidente de ese Gobierno y que nada se movía en las consejerías cepemistas sin que previamente no tuvieran su visto bueno. Es más, se afirma que Aberchán se reunía con técnicos de la Administración remisos a cumplir sus deseos, transmitidos a través de los consejeros de CpM, para convencerlos de llevar a cabo sus órdenes.
El atestado no tiene desperdicio y lo iremos desgranando poco a poco en los próximos días pero hay cuestiones que deben ser reseñadas por lo que suponen de intimidación y amenazas a todo aquel que se atreviera a ir contra los designios del "líder" de la organización. De hecho, los funcionarios policiales advierten que en los escalones bajos de la estructura había muchos individuos a los que constaban numerosos antecedentes penales, casi todos relacionados con delitos violentos.
Eso permitía amedrentar a las personas en los barrios periféricos, que eran el centro de la diana de la organización criminal. La mayoría de esos individuos eran gente conocida en dichas zonas y todos sabían qué se podían jugar si no atacaban las órdenes. Pone los vellos de punta cómo se relata ese momento en que un ciudadano se dirige a la entonces consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, y le recrimina que no le hubieran dadol un trabajo ni a él ni a su familia, según le habían prometido. Los acompañantes de Almansouri lo agredieron hasta dejarlo en un estado de "gravedad extrema". Tan es así que hubo que desplazarlo a la península para atenderlo.
