Representantes de las 17 comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla debatirán este jueves sobre cómo implementar mejoras en las políticas y herramientas de atención de los menores víctimas de explotación sexual a partir del proyecto europeo Barnahus y de la experiencia del Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria.
Así lo ha anunciado este pasado miércoles la abogada Mireya García, quien coordina el proyecto Barnahus ("casa de los niños", en islandés), impulsado por la UE y el Consejo de Europa, que persigue el fortalecimiento de la justicia adaptada a la infancia a través de la cooperación efectiva entre diferentes servicios en las distintas regiones, con motivo de la reunión de trabajo que mantendrán hasta el viernes representantes del Consejo de Europa y el Consejo General del Poder Judicial en la capital grancanaria.
El proyecto Barnahus se inició en julio de 2022 y pretende implementar un modelo que integre a todos los profesionales relacionados con la atención al menor para evitar la revictimización, ha destacado García.
Además, es complementario a la experiencia piloto del Juzgado de Violencia Contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, el primero con esta especialización que se creó en España y que lleva dos años de funcionamiento y ha sido "todo un éxito", según ha subrayado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado.
García ha explicado que el objetivo es "trabajar todos en común en un entorno de cogobernanza" para ver cómo se va a implementar este nuevo modelo para la protección del menor en cada una de las realidades de España.
El proyecto, que culmina este año, se centra en mejorar el marco autonómico y las políticas públicas del país y en formar a los profesionales para poderlo implementar, cuestión esta última en la que trabajan de manera experimental en Extremadura, Cantabria y Navarra.
Esta estrategia contará con una guía, tanto para que los ministerios y las instituciones sepan cómo actuar para llevar a la práctica el modelo Barnahus como para las autonomías que deseen aplicarlo, y todo ello con el fin de que los niños reciban una atención integral especializada, interdepartametal y amigable para ser asistidos en el caso de sufrir violencia sexual, ha explicado García.
En el marco del primer componente del proyecto, la mejora del marco legislativo y de las políticas públicas, se elaborará una estrategia y un plan de acción cuyo borrador se estudiará estos días en Gran Canaria con un grupo de trabajo integrado por vocales del Consejo General del Poder Judicial, representantes de los ministerios de Juventud e Infancia y de Justicia y del Consejo de Europa.
