Viene denunciando desde hace dos años la rebaja unilateral de una partida estatal que, mediante convenio, se decidió ampliar hasta 3.4 millones de euros en 2007.
La Ciudad Autónoma de Melilla comparte al cien por cien con la de Ceuta la reclamación de una partida económica más cuantiosa para la atención a los menores, entre los que se incluyen tanto los niños españoles que deben ser atendidos por la Administración Pública, bien por abandono o pérdida de la patria potestad por parte de sus padres, como aquellos otros, de origen extranjero, que llegan a la ciudad sin ningún adulto que se responsabilice de los mismos y que conforman el llamado grupo de MENAS o Menores Extranjeros no Acompañados.
Denuncias de Melilla
Según declaró ayer a ‘El Faro’ la todavía responsable de Bienestar Social, María Antonia Garbín, el Gobierno local ha denunciado el último convenio firmado con el Estado en mayo pasado, por el que la partida a aportar desde la Administración central se mantiene reducida a 1.9 millones de euros, es decir, 1.5 menos que lo que se pactó con el Gobierno Zapatero en 2007, cuando Jordi Sevilla era ministro de Administraciones Públicas.
Aquel convenio, objeto también de denuncias por parte de la Ciudad a causa igualmente de su incumplimiento en lo relativo a la gestión de las competencias del IMSERSO, pretendió corregir una situación desbordante, consecuencia de la extrema presión migratoria que también ejercían los llamados inmigrantes precoces o adolescentes de origen marroquí próximos a la mayoría de edad que lograban pasar la frontera y asentarse en Melilla en situación de abandono.
De hecho, la Ciudad hasta se planteó en tiempos de Isabel Quesada como consejera de Servicios Sociales hacer dejación de la competencia de menores a favor del Estado, por encontrarse superada ante la saturación que sufrían los centros de acogida.
Hay que tener en cuenta que, de resultas de la aplicación del Estatuto de Autonomía, la Ciudad asumió la competencia de menores casi sin contrapartidas económicas por parte del Estado, lo que derivó en un gasto extraordinaria a causa de la extrema presión migratoria por parte de menores marroquíes.
De ahí, que en tiempos del primer Gobierno de Aznar, la Administración central acordara una partida al efecto que, posteriormente, en 2007, con la firma del convenio de cogestión en materia de servicios sociales, se aumentó en un millón más.
La aportación de 3.4 millones de euros que llegó a realizar el Estado se rebajó “unilateralmente”, según la consejera Garbín, en 2010 y se ha mantenido en su menor montante, 1,9 millones, para el presente 2011.
Aportación escasa
En palabras de Garbín, “con lo que aporta el Estado, la Ciudad no tiene ni para atender el Centro de la Purísima Concepción”, donde hoy en día se atiende a la práctica mayoría de menores extranjeros, incluidos, aunque en módulos diferenciados, aquellos otros sujetos a un régimen de reforma por decisión judicial.
Para la consejera, la decisión “unilateral” del Gobierno Zapatero, “de rebajar una partida pactada en un convenio”, no es de recibo. No en vano, la atención a los menores cuesta algo más de 9 millones de euros, “porque los servicios que tenemos que prestar –insiste la consejera- siguen siendo los mismos, no podemos recortarlos”.
En concreto, la Ciudad, en el último convenio con el Estado, se comprometió a aportar 6.4 millones de euros, frente al 1.9 que aportaría la Administración central. “La partida –explica Garbín- es muy abultada porque se trata de un servicio que se presta durante 24 horas y que abarca desde el pago de trabajadores muy diversos –vigilantes, educadores, psicólogos, etc.- hasta la manutención, vestido y atención completa a los niños”.
“Afortunadamente –señala Garbín- el número de menores extranjeros acogidos se ha estabilizado y se están produciendo menos entradas de la habituales en otras estaciones de verano”. No obstante, a día de hoy la Consejería mantiene acogidos a más de 220 niños, 138 en la Purísima y unos 80 en el resto de centros, tal cuales son los de la ‘Gota de Leche’, ‘Divina Infantita’ o ‘Nuevo Futuro’.
Además, el servicio de atención a menores mantiene una plantilla de trabajadores muy alta “mediante contratación indirecta” –alrededor de 180-, pero también exige, según Garbín, de entre 40 y 45 personas en régimen de contratación directa por parte de la Consejería.
Nuevo perfil de los menores
La mayor entrada de inmigrantes que de forma constante se viene produciendo desde la pasada primavera y especialmente en el inicio del presente verano, está provocando un cambio en el perfil de los menores extranjeros que llegan a Melilla. Hasta ahora, en su mayoría se trataba de menores de origen marroquí, adolescentes próximos a la mayoría de edad, en un 80% de sexo masculino.
Sin embargo, con la llegada continua de balsas con inmigrantes irregulares, se está registrando una nueva llegada de menores subsaharianos que, al acceder a la ciudad sin adultos que se responsabilicen de ellos, pasan directamente a depender la Consejería de Bienestar Social.
