La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró hace unos días que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón “tiene una implicación política importante” después de que se reafirmara en que el Tribunal Supremo debe investigar al ex president catalán Carles Puigdemont por delitos de terrorismo.
Las declaraciones de la ministra han desatado toda una cascada de críticas. Para el Consejo General del Poder Judicial –por si no tuviera suficiente con los años que lleva caducado y sin renovarse-, esas palabras “son contrarias al principio de lealtad institucional” y “al deber general de respeto a la independencia judicial”.
Además, tres de las cuatro principales asociaciones de jueces del país se han posicionado claramente en contra de la ministra. Son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI).
Mientras tanto, el Gobierno –que se mantiene gracias, entre otros, a los apoyos de Junts, el partido de Puigdemont- se ha visto obligado a rebajar el tono después de las declaraciones de la componente de su gabinete y ha querido dejar claro que respeta todas las decisiones judiciales aunque no las comparta. Fue la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, quien tuvo que salir a dar la cara después de la polémica creada por su compañera.
Lo ideal habría sido que hubiera sido Ribera quien hubiera dado marcha atrás y hubiese defendido que cada juez tiene derecho a tomar sus propias decisiones en el momento que le parezca más oportuno, pero, al menos hasta ahora, no ha sido así. Ello ha obligado a mover ficha al Gobierno, que, pese a que tiene a Puigdemont como socio, no podía permanecer en silencio ni impasible.
Pese a todo, eso no le vale al PP, que ha exigido, por medio de Carmen Fúnez, la destitución de la vicepresidenta tercera del Gobierno por “acusar de prevaricación” al juez de la Audiencia Nacional. En Melilla, Tasende salió este sábado a defender la independencia judicial y, de paso, a darle un palo a la ministra.
Era justamente lo que le faltaba a la Justicia española, con todos los problemas, aparte de la amnistía, que viene arrastrando últimamente con las huelgas -con consecuencias en la ciudad autónoma- de los letrados judiciales, primero, y de los funcionarios de Justicia, después: que los políticos se entrometieran en su labor.
Pero es que, aunque los poderes en España tienen cada uno su órgano de gobierno, son las Cortes Generales (poder legislativo) las que eligen al Gobierno (poder ejecutivo) y al Consejo General del Poder Judicial (poder judicial), con lo que la politización de la Justicia parece evidente y muchas voces son las que reclaman que sean los jueces quienes elijan a los jueces, precisamente para que los políticos no tengan la tentación de manipularlos.
Sin embargo, y hasta que no cambie el sistema, la separación de poderes que consagra la Constitución no será algo real y efectivo.
