El Gobierno, la patronal conformada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Cepyme y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) se encuentran inmersos en las negociaciones para una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
Se trataría, si finalmente se acaba acordando, la quinta subida del SMI desde que Pedro Sánchez accedió a La Moncloa, en el año 2018.
Con el primer aumento, que situó el SMI en los 900 euros, ya se produjo una subida del 22 por ciento desde los 702 euros.
El segundo incremento, ya con Podemos en el Gobierno de coalición, dejó el SMI en 950 euros tras aprobarse una subida del 5,5 por ciento. En 2021, se produjo un nuevo aumento hasta los 965 euros y la última subida, el año pasado, lo situó en 1.080 euros tras incrementarse un ocho por ciento.
Ahora, el Gobierno ofrece situar el SMI en 1.123 euros en 14 pagas anuales con un aumento del cuatro por ciento, mientras que los sindicatos abogan por subirlo un cinco por ciento –hasta los 1.200 euros- y los empresarios, un tres por ciento. Según las últimas informaciones, el acuerdo puede cerrarse en el cuatro por ciento.
Dentro de las negociaciones, los secretarios generales de CCOO en Melilla, Francisco López, y de Ceuta, Emilio Postigo, le pidieron el martes, aprovechando la celebración de un consejo confederal del sindicato en Toledo, a la secretaria de Acción Sindical y Empleo a nivel nacional, Mari Cruz Velarde, que intente acordar –como ya le han solicitado en alguna ocasión al secretario general, Unai Sordo, que el plus de residencia se quede al margen de la negociación del aumento del SMI. Actualmente, el SMI contiene todas las retribuciones que tenga el trabajador y CCOO considera que el plus debería quedar fuera, porque, si no, “no sirve de mucho”.
Repercutir la subida en el producto
Desde la patronal, por su parte, han declarado que no pueden seguir asumiendo más subidas después de que en los últimos años haya aumentado un 45 por ciento el SMI, a lo que hay que sumar los costes –que también se han incrementado- de la Seguridad Social, los transportes y los impuestos.
Así, los empresarios advierten de que se verán obligados a repercutir todas estas subidas en el precio final del producto, lo que influye directamente en el consumidor.
“Huele a amenaza”
Para el secretario general de UGT-Melilla, Javier Valenzuela, –quien, a principios de año, ya habló de desligar ambos conceptos-, “eso huele un poco a una pequeña amenaza” y ha recordado que “los márgenes empresariales ya han subido mucho”.
Valenzuela, quien ha recordado que “muchas familias no llegan a final de mes” precisamente porque “los márgenes empresariales se han disparado”, cree incluso que el SMI debería volver a revisarse dentro de seis meses y afirma que la intención de situarlo en un 60 por ciento del salario medio le parece al sindicato “corto”, ya que “el salario medio en España es bastante bajo”.
“Pensamos que tanto la subida que se produzca a mediados de año como la revisión dentro de seis meses está dentro de lo coherente, porque los precios han aumentado mucho”, ha concluido.
