Fue el pasado viernes cuando el grupo popular en el Senado, que ostenta la mayoría absoluta en la cámara, presentó la prometida proposición de ley cuya aceptación en el trámite parlamentario supondría anular el actual sistema y volver a la aplicación del 50% de bonificación a la Seguridad Social para la empresas en Ceuta y Melilla. Se trata más de una política de denuncia que de efectos reales por cuanto que, a pesar de que fuera aprobada en el Senado, tendría que ir al Congreso para su visto bueno definitivo y consiguiente puesta en vigor. Y es evidente que en la Cámara Baja, el PP no cuenta con apoyos suficientes como para sacar adelante su iniciativa.
No obstante, fuentes populares afirman que tienen la esperanza de que, al final, los socialistas se sumen a las reivindicaciones de la práctica totalidad de los partidos políticos y agentes sociales (empresas y sindicatos) y se corrija algo que, en su opinión, nunca debió ocurrir; es decir, cambiar el sistema de bonificación por otro que, aparte de inseguridad jurídica, no beneficia la creación de empleo, además de romper el régimen económico especial de las dos ciudades autónomas que tanto se necesita para el desarrollo de futuro.
Argumentan desde el PP en esa proposición de ley cuestiones tan evidentes como la “incertidumbre” que existe en ambas poblaciones con respecto a que Marruecos vaya a levantar la bota del cuello de la economía de las ciudades. Tampoco se tiene ni idea de qué va a pasar al final con las aduanas comerciales que los marroquíes se comprometieron a aceptar y nunca cumplieron. Es más, se deja claro en el texto de la citada iniciativa que no solo se necesita volver al sistema anterior de bonificar las cuotas de la Seguridad Social al 50% sino que es fundamental seguir profundizando en un régimen económico que permita a Ceuta y Melilla salir del pozo en el que se encuentran actualmente.
Creen los populares que el PSOE debería pensarse su decisión con respecto al tema de la bonificación, sobre todo ahora que se plantea perdonar nada menos que 15.000 millones de euros a la Generalitat de Cataluña y, asimismo, compensar de algún modo al resto de los territorios españoles por esa decisión. En definitiva, que una buena manera de actuar con respecto a Ceuta y Melilla sería derogar la actual ley y sustituirla por otra que revierta a la situación anterior al 1 de septiembre pasado, momento en que entró en vigor la norma que tanto rechazo ha producido.
Para el PP, que el PSOE melillense diga que apoyará la vuelta al anterior sistema si se demuestra que el actual no funciona, como dijo en su día la líder socialista en la ciudad, Gloria Rojas, no deja de ser más que una declaración vacía. En definitiva, que se confía en una vuelta atrás por parte de los socialistas al considerar que existen argumentos más que suficientes para hacer valer la proposición de ley, cuya fecha de debate y aprobación en el Senado aún está por determinar.
