Futuro imperfecto

Desde hace un tiempo estamos viviendo en España una situación confusa y preocupante. Los resultados electorales del mayo pasado dieron como resultado un claro cambio en los gobiernos locales y autonómicos favorable a los partidos ajenos a los que componían la mayoría progresista en el Congreso de los Diputados y, por ende, sustentaban al Gobierno de la Nación. Cambio que, sorpresivamente, no se volvió a manifestar en las elecciones nacionales de julio convocadas a los dos días de saber el resultado anterior por Sánchez para evitar que en su propio partido le hiciesen responsable del fracaso electoral y aprovechar los posibles pactos entre PP y Vox como argumento electoral. Y visto lo que ha pasado en estos meses hay que decir que le salió bien la jugada.

Nada que objetar al precepto constitucional que establece que forma Gobierno, no el partido que gana las elecciones, sino el que conforma una mayoría parlamentaria. Y este es el resultado: un presidente investido con los votos de la coalición electoral -no formal, pero sí real- de los 122 representantes del PSOE y los 31 de un batiburrillo denominado SUMAR (compuesto por 5 partidos nacionales y 14 partidos autonómicos). Pero, como estos no eran suficientes, se han llegado a acuerdos de investidura con ERC, EH Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria y, por último, con JxCat. Y, aquí, es donde se puede poner en tela de juicio no la legalidad sino la legitimidad del investido como presidente.

La lógica negociación para obtener los votos de esos partidos se ha convertido en un mercadeo de prebendas exigidas a cambio y de renuncias a postulados defendidos por el propio Sánchez y sus ministros socialistas hasta dos días antes de conocer el resultado de las elecciones. El acuerdo con PNV estaba cantado desde el minuto uno, así como el de los herederos de ETA – que lo son por mucho que intenten blanquearlos- pues ambos necesitan del apoyo del PSOE en las futuras elecciones vascas para ver quién de los dos partidos se hace con la Lehendakaritza y seguir abriendo el melón del reconocimiento de la nación vasca como ente independiente de la nación española. El pacto ‘encapuchado’ -y aún no publicado- con Bildu es de temer que, además, incluya facilitar sus ansias de anexionarse Navarra y no sería de extrañar que, también, la amnistía de los asesinos etarras.

Los votos de ERC -como también es un partido progresista de izquierdas- solo requerían de un poquito de jarilla o aliento a sus deseos independentistas pero, sobre todo, un pago multimillonario por sus siete votos. Y no les ha salido mal la jugada: rebaja de 15.000 millones de la deuda respecto al FLA y el ahorro de 1.300 millones de intereses, a los que añadir los 133 millones de la deuda de las ‘Rodalies’ más las inversiones a realizar en ellas; otros 150 millones para sus competencias en materia de investigación científica y técnica, a los que añadir nuevos fondos para atender las necesidades financieras de los Mossos, de los órganos judiciales, de servicios penitenciarios y becas y ayudas al estudio. Esto último es el chocolate del loro -solo 2 millones- pero de las otras algún día sabremos lo que nos cuesta al resto de los españoles y a los que habrá que añadir el incremento de las inversiones a incluir en los futuros PGE en perjuicio de otros territorios. Y que no se nos olvide: la amnistía para todos sus delincuentes convictos que ellos designen. El indulto no les fue suficiente.

La amnistía, es lo que más le importaba por razones obvias al antes fugitivo, hoy exiliado, Puigdemont para ceder sus siete votos, además de la aceptación de un relato indecente y falso sobre lo ocurrido en Cataluña en octubre de 2017. Pero para mayor vergüenza del PSOE, el fugado a la Justicia ha exigido la aceptación de un mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento del pacto junto la celebración de un referéndum de autodeterminación. Y no contento con ello, además de las prebendas económicas ya pactadas previamente con sus paisanos de ERC, exige la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña y que se ‘convenza’ -de una forma u otra- a los miles de empresas que salieron huyendo escaldadas de esa región para que retornen.

No dejemos en el olvido que el PSOE, con la firma de este vergonzante pacto, ha aceptado que las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto de lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. Son tan mentirosos -o cambiantes de opinión- que el propio socialista firmante del pacto ha dicho que no aparece la referencia al llamado lawfare en el mismo.

Esta bajada de pantalones de Sánchez -y su rebaño de rendidos admiradores- vendiendo su alma y su partido por un plato de lentejas -nunca mejor dicho- con la excusa de la convivencia ha concitado el rechazo de una inmensa mayoría de españoles. La sociedad civil en la calle y las asociaciones profesionales de todos los estamentos del ámbito judicial en múltiples comunicados han puesto de manifiesto lo que conllevan estos acuerdos: división y enfrentamiento entre los españoles; el ataque contra la separación del Poder Judicial respecto al Legislativo y al Ejecutivo; la desigualdad de unos españoles privilegiados -que insisten en no querer seguir siendo españoles- respecto a los que no viven en esas regiones; la inseguridad jurídica – lo que antes no era posible, ahora lo es- y que lleva a nuestro país a ser el último como receptor de inversiones cuando hasta hace dos meses era uno de los dos primeros de Europa.

Todo ello, gracias a la generosa cesión del candidato Pedro Sánchez a cambio de los votos que no obtuvo en las elecciones- engañando incluso a sus votantes- para seguir durmiendo en la Moncloa, que es lo único que verdaderamente le importa. A cambio de su interés personal y de que, “al menos, no gobierne la derecha”, nos deja un futuro imperfecto al resto de los españoles. Algún día tendrá que responder por ello.