Ya se ha iniciado el reparto de los 90.000 kg de alimentos que el Gobierno, a través del el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), distribuirá alimentos a cerca de 900 familias desfavorecidas de Melilla.
La directora del área funcional de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno, Isabel Bassets, y la representante de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), Amelia Fernández, se trasladaron este lunes hasta los almacenes de la Cruz Roja y del Banco de Alimentos para inspeccionar la llegada de alimentos que se van a distribuir entre las asociaciones y hacer el acta de recepción.
En total, se trata de más de 122.000 kg de alimentos los que se van a distribuir este año en la ciudad. En una primera fase, que tuvo lugar en mayo, se repartieron más de 33.000 kg de alimentos, y en esta segunda fase, que se inicia ahora, 90.000 kg.
En concreto se trata de arroz blanco, alubias y garbanzos cocidos, galletas, atún y sardinas en conserva, cacao, fideos, espaguetis, conserva de carne, menestra en conserva, fruta en almíbar, tomate frito y potitos de fruta y pollo.
Desde las 15 asociaciones autorizadas y a través de sus almacenes de distribución asociados Cruz Roja y de Banco de Alimentos se atenderán en esta fase a un total de 876 familias con informe de necesidad, lo que implica un total de 3.640 beneficiarios finales.
Los kilos de alimento que corresponden a la Cuidad, se dividen entre dos partes iguales entre los almacenes de Banco de Alimentos y de Cruz Roja y por esa razón antes de comenzar la distribución el número de beneficiarios finales a los que se atenderá debe estar compensado y ser lo más equilibrado entre las asociaciones autorizadas al reparto a las que van a distribuir los almacenes.
“Durante el proceso, levantamos un acta de recepción, avisamos a las instancias superiores de los Ministerios de Hacienda y de Agricultura y ellos se encargan de autorizar a Banco de Alimentos de Melilla y a Cruz Roja la distribución de estos alimentos entre las asociaciones autorizadas”, ha explicado.
Unas asociaciones, ha agregado, que, en su día, “solicitaron la participación del programa y se comprometieron a una serie de requisitos y obligaciones”, entre las que se encuentran no solo la capacidad operativa y administrativa (local, ordenador, voluntarios, tiempo…) para poder llevar a cabo el reparto sin repercutir gasto alguno a las familias beneficiarias, sino también la realización de un listado de las familias beneficiarias (con todos los datos de sus miembros) a las que van a atender, siempre que estas familias dispongan de un informe de necesidad actualizado (de menos de 1 año) que firma un trabajador o trabajadora social (ya que no está permitido el reparto a familias sin el informe).
Bassets ha indicado que los listados los cotejan como Unidad de control para detectar y resolver duplicidades (familias que han solicitado esta ayuda en varias asociaciones de reparto) y que, una vez resueltas, dejan huecos en las listas que pueden ser completadas con más familias vulnerables a las que se realice el informe necesario, de modo que se entreguen los alimentos de la forma más justa al número máximo de beneficiarios posible. Aún así el programa permite un pequeño margen de un 10% arriba y abajo sobre el número de beneficiarios que se grabó en la solicitud inicial.
La directora ha anunciado que el programa acabará este año a nivel estatal. “En 2024 esta actividad la gestionarán las comunidades y ciudades autónomas de forma distinta”, ha avanzado.
