La Unión General de Trabajadores (UGT) considera que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Madrid discrimina a parte del personal que trabaja en las instituciones sanitarias que dirige. Excluye al personal no sanitario de estas instituciones de los incentivos contenidos en el acuerdo de 21 de marzo de 2023 de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud por el que se determinan los criterios mínimos para la definición de los puestos de difícil cobertura en Atención Primaria, manifiestan desde el sindicato, que cree que el Ingesa "sigue un criterio de interpretación y aplicación cómodo, arbitrario y desmotivador". "Este acuerdo dice que los incentivos están destinados al ámbito de la Atención Primaria, pero que también se hace extensible a los puestos de difícil cobertura de otros ámbitos de atención sanitaria, y lo aplica a todo el personal sanitario (de Atención Primaria y Atención Hospitalaria). Pero, además, dice que estos incentivos podrían aplicarse a la categoría, centro o equipo multidisciplinar y no sólo al profesional que ocupa el puesto de difícil cobertura. Pero se olvidan del centro de trabajo y del resto de los trabajadores. Esto es arbitrario", argumentan.
UGT-Servicios Públicos recuerda al Ingesa que esta aplicación de incentivos económicos es una decisión administrativa, con desacuerdo en la Mesa Sectorial, y que es un acto administrativo discriminatorio y arbitrario, y que abre una brecha con efectos desconocidos en un futuro, por la inseguridad jurídica que ello causa a este personal no sanitario.
Además, la interpretación y aplicación del citado acuerdo se aparta de la línea seguida en todo el Sistema Nacional de Salud, ya que no hace una identificación real de los puestos de difícil cobertura o medical deserts, y, pudiera ser que se enmascare un problema crónico, y en apariencia, estadísticamente, se vea solucionado.
Esto es así, aseguran, porque el problema de la difícil cobertura, y el presupuesto económico asignado para su solución deriva de un mandato para el Ingesa, que es la acción 2.5 del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, aprobado por el Consejo Interterritorial el 15 de diciembre de 2021, y este mandato exige a las Comunidades Autónomas y al Ingesa el cumplimiento de unos indicadores y unos resultados para valorar la solución del problema de las plazas de difícil cobertura. Para el sindicato, la solución real parte, en primer lugar, de la identificación de los puestos reales de difícil cobertura y, posteriormente, de analizar el indicador que marca el porcentaje de los puestos de difícil cobertura que se han ocupar a final de año.
Sin embargo, UGT piensa que, si el Ingesa aplica la norma con laxitud y arbitrariedad y considera que todos los puestos sanitarios son de difícil cobertura, "obviamente, el grado de cumplimiento del porcentaje cubierto será elevado, y estadísticamente, se verá solucionado el problema". "No tenemos ningún argumento que desvirtúe lo expresado, hasta el momento", añade.
Desde el sindicato apenan a "un criterio justo y no discriminatorio que parta de la base de incentivar a todo el personal de Ingesa y continuar así con la solución real del problema de la difícil cobertura". "Todos somos esenciales. Los incentivos se han de aplicar a todos los profesionales del centro de trabajo", concluye UGT-Servicios Públicos.
