El presidente en funciones, Eduardo de Castro, no está siendo investigado en el caso de la supuesta trama de la compra de votos por correo, según han asegurado fuentes oficiales de la Presidencia. De Castro se suma así a las consejeras del PSOE, Gloria Rojas y Elena Fernández Treviño, quienes han asegurado a la prensa local que sus áreas de responsabilidad, incluida la empresa pública Inmusa, no están bajo las pesquisas ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad y actualmente bajo secreto de sumario.
Las fuentes consultadas por El Faro han indicado que el presidente se ha limitado a seguir las directrices de la autoridad judicial y colaborar en la investigación en función de lo que se le ha pedido. “Ha facilitado a los agentes de la Policía Judicial la investigación que se está llevando a cabo, tal y como la demandado el juzgado”, apuntan textualmente.
Hace una semana, una docena de policías de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior se personó en el despacho de la Presidencia. Fue a primera hora de la mañana y el presidente aún no había llegado a su lugar de trabajo. Una vez allí, se le hizo entrega del auto de la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla mediante el que se pedía determinada información.
Entre las cuestiones que se solicitaron al presidente figura la paralización de pagos a determinadas empresas contratadas por la Ciudad Autónoma. Según tanto De Castro como las consejeras socialistas, esta documentación pedida por la juez no guarda relación con sus respectivos departamentos dentro del Gobierno.
Hay que recordar en ese sentido que la operación policial desarrollada a finales del pasado mes de mayo se saldó con la detención de nueve personas, entre ellas el que fuera consejero de Distritos, Participación Ciudadana y Juventud, el cepemista Mohamed Ahmed Al-lal.
