UGT-Servicios Públicos está a favor del acuerdo alcanzado con el Gobierno para impulsar la aprobación del proyecto de Ley de Función Pública, tras las negociaciones que se han llevado a cabo en los últimos años y que, según afirman, es la ley que necesitan los empleados de la Administración General del Estado (AGE). "El sindicato dará el visto bueno en la reunión de la Mesa General de la AGE prevista para este miércoles. El sindicato considera que se han logrado suficientes avances en el seno del grupo de trabajo, constituido gracias a la firma de UGT, CCOO y el Gobierno del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, para que esta norma contribuya, realmente, a mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos".
En una nota de prensa, los ugetistas recalcan que el acuerdo "hará posible una nueva Ley de la Función Pública con un enfoque más social, transparente y participativo, que pone en valor el papel clave que tienen las personas en la prestación profesionalizada de los servicios públicos de calidad".
Esta organización sindical ha señalado que el actual texto recoge las mejoras necesarias y "cumple las expectativas que tanto los empleados públicos como la ciudadanía tenían depositadas en la Ley de Función Pública de la AGE". El proyecto de ley, que se presenta en segunda vuelta en el Consejo de Ministros tras la negociación con la parte social, recoge expresamente el conjunto de derechos y deberes de estos trabajadores con el fin de garantizar su conocimiento y facilitar su ejercicio. "En desarrollo de lo previsto por el Estatuto Básico del empleado público, se establece un modelo de evaluación del desempeño basado en la transparencia de los objetivos individuales y colectivos y de los procedimientos, con participación de la parte social en todas sus fases".
Para la UGT-SP la ley apuesta por la "dinamización de la carrera profesional". Así, explica que se establece una carrera horizontal en la progresión de un itinerario de tramos, que permite favorecer las expectativas de trayectoria profesional sin cambio de trabajo. El nuevo modelo de carrera profesional estará estructurado en cuatro tramos, siendo el primero de una duración de cinco años y de seis los restantes.
También se agilizan los plazos en el desarrollo y ejecución de las convocatorias, estableciendo que éstas se publiquen en el mismo año natural que la oferta de empleo público o que finalicen los procesos selectivos con un límite máximo de dos años a computar desde la fecha de publicación de la convocatoria.
La norma "armoniza y racionaliza" el sistema complementario de retribuciones. De este modo, la ley establecerá niveles mínimos de complemento de destino: fija los tramos de niveles correspondientes a los diferentes grupos y subgrupos del personal funcionario. Este objetivo de armonización "presidirá el proceso de racionalización de las diferentes cuantías del complemento específico y se persigue, por tanto, disminuir la desigualdad dentro de la propia AGE y lograr una mayor simplicidad y transparencia".
Además, tras ser aprobado por el Consejo de Ministros ese proyecto de ley, se iniciará la negociación, en el seno de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco, de un plan de implantación de la jornada de 35 horas.
Por último, la UGT señala que la igualdad entre hombres y mujeres "seguirá siendo un elemento central en las políticas de personal" de la AGE. Para ello, la nueva ley contiene "un refuerzo de medidas que garantizan la no discriminación entre mujeres y hombres, y el fomento de la perspectiva de género con carácter transversal".
