La jornada estaba destinada a los magistrados y secretarios de juzgados de la ciudad.
El Decanato de los juzgados de Melilla y la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno organizaron ayer una jornada para conocer a fondo los sistemas telemáticos que se emplean desde la Administración para dar protección a las mujeres que sufren maltrato. Se trata de unas charlas dirigidas a magistrados, secretarios de juzgados y que en otras ciudades se ha ofertado incluso a las fiscalías.
El origen de esta iniciativa es una solicitud que hace la vocal del Observatorio de la violencia de Género y del Consejo General del Poder Judicial, María Inmaculada Montalbán, para que desde la Secretaría de Igualdad se les facilite formación y que se realicen una serie de charlas.
Protección integral
Se contó con la conferencia del magistrado-juez de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga y juez de vigilancia penitenciaria, Juan Rafael Benítez, quien comentó qué significa una protección integral a la víctima, tal y como, se indica en la Ley, tanto durante la instrucción de la causa como cuando ya se sepa la condena. En este sentido, detalló que se trata de una protección judicial y civil para la víctima. Además, “tras una sentencia de condena desde el punto de vista penitenciario también se da una protección, puesto que el agresor cumple la pena, pero se prevé la aplicación de determinados programas tanto si ha sido privado de su libertad como si no es encarcelado”, afirmó.
Uso de brazaletes
El secretario judicial de Primera Instancia e Instrucción número cuatro, el que se dedica a los casos de violencia de género en la ciudad, Miguel Manuel Bonilla, ofreció una charla sobre los dispositivos electrónicos de control, esto es, “aquellos que se conocen como brazaletes y que tienen como cometido proteger a la víctima evitando que el agresor se acerque a ella puesto que salta la alarma”. De esta forma, analizó su incidencia y su protocolo para su puesta en marcha.
En Melilla no habría ningún problema a la hora de ponerlo en marcha, sólo que no hay centro operativo y que la dificultad viene marcada por la distancia mínima de separación, 500 metros, que ya genera muchas alarmas y que en la ciudad tendría que se no superior a 200, tal y como argumentó.
Seguimiento
El inspector de Policía de la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP), quien lleva el seguimiento de las órdenes de protección y alejamiento, Ángel Cátedra, detalló los cometidos de este grupo. “Nos dedicamos a realizar el seguimiento de las órdenes judiciales desde que se dictan medidas cautelares hasta las condenatorias”, apuntó.
De esta forma, se le asigna a un funcionario a la víctima de violencia machista para que esté pendiente de su protección y realice el seguimiento de las órdenes de alejamiento del agresor. La UPAP también realiza asistencia para cualquier trámite documental o judicial.
En cuanto a las distancias en las órdenes de alejamiento, argumentó que “suelen ser de 200 metros, pero por las circunstancias se puede rebajar, aunque no se puede considerar un quebrantamiento de esta medida si no se hace de forma consciente ni con una animosidad de trasgredir esta norma”.
