Si en 2020 el muelle de Arguineguín se convirtió en la imagen del fracaso de la política migratoria y en 2021 la entrada masiva desde Marruecos a Ceuta de unas 10.000 personas en solo dos días, este año 2022 pasará a la historia por la tragedia en la valla de Melilla, en la que murieron al menos 23 migrantes y otros 77 están desaparecidos.
La actuación de España en este suceso, censurada por casi todo el arco parlamentario, el Defensor del Pueblo, ONG nacionales e internacionales, así como por la UE, ha situado en el punto de mira al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que, sin embargo, ha dicho por activa y por pasiva que no dimitirá. Al menos en 2022.
Menos inmigración desde el Sáhara
Este año también nos deja un descenso en las llegadas irregulares de inmigrantes a España, cuyo ritmo comenzó a ralentizarse a finales de marzo -hasta esa fecha el aumento de la inmigración ilegal era del 77%-, coincidiendo con el apoyo de España a la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental.
El balance este 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, según los datos del Ministerio del Interior, muestra que hasta el 15 de diciembre han llegado a España 29.999 personas, lo que supone 8.980 menos que en el mismo período del año pasado y un descenso del 23%. La mayoría lo han hecho por mar, 27.789, muy lejos del récord de 2018 (57.498).
También han disminuido (un 36%) las muertes en el mar, aunque la realidad continúa siendo terrible: al menos 311 personas perdieron la vida o desaparecieron durante el primer semestre del año en el Atlántico intentando llegar a las islas Canarias, con un promedio de casi dos al día (1,72), según datos proporcionados a EFE por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Pese al descenso y aparente estabilidad en las cifras globales de este año, 2022 termina con la vista puesta en la tragedia de la valla fronteriza entre Melilla y Nador que ha reavivado las críticas a una política migratoria que prioriza la protección de las fronteras y no la vida de las personas.
Al menos 23 muertos
El 24 de junio alrededor de 2.000 inmigrantes, en su mayoría refugiados sudaneses, intentaron acceder al puesto fronterizo del Barrio Chino en Melilla, que dejó un resultado de al menos 23 muertos -otras ONG lo cifran en 37 fallecidos- y cientos de heridos entre los migrantes y los agentes españoles y marroquíes, unos hechos que investiga la Fiscalía General del Estado.
La cuestionable actuación de las fuerzas de seguridad para impedir la entrada de estas personas, la falta de asistencia médica, los rechazos en frontera de 470 inmigrantes y, sobre todo, si hubo fallecidos en suelo español son los aspectos que ha rebatido ferozmente desde un principio Marlaska, acusado de mentir por los socios de Gobierno e investidura y por la oposición.
Proporcionada, rigurosa, legal, templada... son algunos de los adjetivos empleados por el ministro para justificar la actuación de la Guardia Civil ante un ataque "violento y organizado" a la frontera española. Ha defendido la legalidad de las devoluciones practicadas por los agentes y que no había perfiles vulnerables entre los inmigrantes que intentaron llegar a España.
La BBC reactiva las críticas
Casi cinco meses después del salto y tras las primeras explicaciones del ministro en el Congreso, la polémica sobre la gestión de Interior se reactivó a raíz de un documental publicado por la BBC en el que se muestran cadáveres en la entrada del territorio que ya se considera español.
A raíz de ese reportaje, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo reclamaron las imágenes íntegras de los hechos ya que Interior les había hecho llegar unas con cortes temporales. Los portavoces de la Comisión de Interior del Congreso también pudieron ver esas grabaciones completas después de no lograrlo en su visita a Melilla.
Tras el documental de la cadena británica, Marlaska ya no niega que la avalancha dejó personas del lado español, pero mantiene que no hubo fallecidos. No obstante, nuevas imágenes difundidas por la ONG Lighthouse Reports y un consorcio de medios internacionales un día antes de que el ministro comparezca por segunda vez en el Congreso, muestran que alguna muerte se produjo en suelo español.
La Fiscalía, a punto de decidir
Que haya fallecidos es determinante por las consecuencias jurídicas que puede tener el caso en España donde la Fiscalía está a punto de concluir su investigación y decidir si presenta una querella, archiva el caso o prorroga sus pesquisas.
Tampoco ha habido consecuencias políticas por la gestión de esta crisis: al frente del Ministerio del Interior continúa Marlaska, que desde que ocurrió la tragedia ha escuchado pedir su dimisión o cese un sinfín de veces. Y no solo desde las filas de la oposición, también algún diputado de ERC y de En Comú Podem la ha reclamado.
Lo que sí han solicitado la mayoría de los grupos ha sido la creación de una comisión parlamentaria que investigue los hechos, que ya ha sido rechazada en una ocasión y que por el momento no cuenta con los apoyos suficientes para salir adelante.
La tragedia del salto a la valla de Melilla está aún lejos de dejar de ser un quebradero de cabeza para Marlaska, cuya figura muestra evidentes signos de desgaste político. Habrá que ver cómo resiste en 2023.
