Imposible que no hiera, y mucho, a la sensibilidad humana lo que se pudo conocer tras los sucesos acaecidos en territorio marroquí y junto a la valla perimetral con Melilla el pasado 24 de junio. Imposible no rechazar e indignarse por ver a personas, muertas o no, amontonadas como neumáticos viejos. Necesario es saber lo que pasó, pero también lo es el definir con objetividad. Obligado el exigir que no vuelva a ocurrir.
De un lado, el español, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente la Guardia Civil, que en el cumplimiento de la ley y conciliando en todo lo posible la humanidad, deben proteger la legalidad siempre bajo el escrutinio de los principios de justicia y proporcionalidad en el ámbito de su profesionalidad. Nadie puede pedir que ante la desesperación de cientos de seres humanos se derive en violencia y esta no se ataje con la proporción de la fuerza, a menos que se incurra en la hipocresía.
Del otro lado de la valla, el marroquí, donde sus dispositivos de seguridad actúan como norma frecuente bajo el oscurantismo, la ambigüedad y la arbitrariedad del poder que les ordena. La colaboración de las dos partes, que alterna la efectividad con su ausencia a tenor de que depende de las relaciones a nivel gubernamental, de Marruecos y España, y sus sucesivos vaivenes. No pocas veces, la ‘inversión’, la monetaria, es la chispa que enciende la llama de esa cooperación.
Ahora el debate reverdece con la aportación de investigaciones periodísticas que, sin ánimo de caer en el error, tienen dos fuentes implicadas distintas. La una, la española que, con sus defectos están circunscritas en una democracia. La otra, la marroquí, que está aun ciertamente lejos de ella. Desmentir al gobierno marroquí, por parte española, está sujeto, y es evidente, a unas relaciones complejas en la que el primero siempre impone el calendario y las acciones. Llámese, singularmente, lo que atañe a su política territorial (Sáhara, Melilla y Ceuta…). Y es por ello, aunque no solo por ello, que el debate deriva en una confrontación política interna en España en la que se ‘aprovecha’ para afear al adversario o ‘apretar las tuercas’ al socio con otros intereses partidistas. Intereses que poco o nada tienen que ver con lo acontecido aquel inefable 24 de junio o que lo que acontece desde siempre en esa valla perimetral tristemente tan mediática.
Tras los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hay sentimientos, familias, aspiraciones, también puede haber errores sin duda, pero su profesionalidad a la hora de cumplir con el mandato aceptado no puede verse agitado por una petición de aplicar y obrar según la ley según interese el momento o las circunstancias que correspondan.
Acudir a la valla a pedir responsabilidades, dimisiones o dictar sentencia puede tener más que ver con el oportunismo que con los verdaderos sentimientos de humanidad. España es un país solidario y de acogida. Sus fronteras terrestres, que son las de Europa, con África son la expresión de dos ciudades españolas que han hecho y hacen ejemplo de solidaridad, Ceuta y Melilla, pero que también padecen en primera persona de ese fenómeno sin vías de solución que es la migración humana a una esperanza mejor.
Todo este debate, en el seno del interés partidario, debiera alejarse del fariseísmo y acercarse (cosa difícil) a la verdad.
