La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha remitido una carta al ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, para invitarle formalmente a comparecer para explicar la gestión del Gobierno de la tragedia del 24 de junio en Nador (Marruecos), donde al menos 23 inmigrantes murieron al intentar cruzar la valla de Melilla.
Fuentes parlamentarias confirmaron a Efe que la carta fue enviada el pasado 27 de octubre y supone el primer contacto formal con el titular de Interior después de que esta comisión parlamentaria, que en la Eurocámara gestiona los asuntos relacionados con la migración, acordara solicitar su comparecencia el pasado 14 de julio a petición del eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán.
La invitación de la Eurocámara a comparecer no supone, no obstante, una obligación a hacerlo.
Fuentes del Ministerio del Interior señalan, tras el envío de esta carta por parte de la comisión europarlamentaria, que "no hay novedades ni tenemos una fecha" para dicha comparecencia.
El presidente de la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara, el socialista español Juan Fernando López Aguilar, valoró en declaraciones a Efe en julio que se trata de un episodio "que merece esclarecimiento, que se salda con un balance de muertos inasumible".
"Por menos han comparecido en la comisión de Libertades, Justicia e Interior miembros del Gobierno de Malta, de Dinamarca, de Italia o de Grecia una y otra vez. Es perfectamente entendible que se requiera el testimonio cualificado del Gobierno de España", incidió López Aguilar.
La muerte de al menos 23 migrantes en junio ha vuelto esta semana a la actualidad política española tras la publicación de un reportaje de la BBC sobre lo ocurrido en la frontera entre Melilla y Nador (Marruecos) en el que la cadena británica asegura que la Policía española vio y no impidió que decenas de migrantes murieran en el perímetro fronterizo.
En respuesta, el Ministerio del Interior ha reiterado "su más firme respaldo" a la actuación de la Guardia Civil el pasado 24 de junio en el salto masivo de la valla de Melilla y ha remarcado que actuó "de forma proporcional, ajustada a la legalidad y firme" ante un intento de asalto violento a integridad territorial de España.
El pasado 14 de octubre, el Defensor del Pueblo consideró en las primeras conclusiones de su investigación que no se respetaron las "garantías legales nacionales e internacionales" al rechazarse en frontera a 470 personas durante el intento de salto en la valla de Melilla.
