Será a partir de las 09:00 horas, por estar imputados en un presunto delito electoral por el voto por correo en las Generales de 2008, en las que el sufragio postal creció un 76% respecto a 2007.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla empezará a tomar declaración hoy, en calidad de imputados, a varios dirigentes del Partido Socialista de Melilla, por un supuesto delito electoral cometido en las elecciones Generales de 2008.
La toma de declaraciones comenzará a las nueve de la mañana y guarda estrecha relación con lo sucesos en torno al voto por correo en las últimas elecciones generales, en las que inusitadamente el voto postal creció en Melilla un 76% respecto de las autonómicas de 2007, pasando así a registrase 5.111 votos postales en los comicios nacionales frente a los 2.900 que se contabilizaron un año antes para las elecciones locales-autonómicas en nuestra ciudad. En total, votó por correo en los mismos comicios el 17% del electorado.
Imputados
Entre los dirigentes del PSOE más destacados y citados a declarar como imputados en el día de hoy se encuentra el diputado socialista en la Asamblea de Melilla, Amín Azmani, así como los responsables de las áreas de Política Municipal y Autonómica, Gabriel Jiménez, de Innovación, Yeray Díaz, y el secretario de Organización de Juventudes Socialistas de Melilla, Sergio Martínez.
También están citadas a declarar como imputadas la exsecretaria de Organización y Movimientos Sociales de Juventudes Socialistas de Melilla, Ikram Aanan, y la directora del CETI en nuestra ciudad, Rabea Aomar.
En total son ocho las personas citadas a declarar bajo la advertencia de que lo hacen como imputados.
Indicios
Las diligencias previas se iniciaron en marzo de 2008, tras una denuncia del PP, para el descubrimiento e investigación de un supuesto delito electoral, ampliado posteriormente a un delito contra la Administración Pública.
Según el auto, el procedimiento surge a partir de la remisión en masa a la ciudadanía de unas cartas "falsas" con motivo de los comicios generales celebrados en marzo de 2008, que bajo el membrete o sello de la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Delegación del Gobierno, UPYD, que dirige la diputada local en la Asamblea de Melilla, Ana Mansilla, prometían trabajo a parados en los Planes de Empleo que gestiona la misma Delegación del Gobierno.
Las cartas, que se declararon ‘falsas’ por la misma UPyD, han puesto de manifiesto, según la investigación policial y judicial al respecto, que en las Generales de 2008 se desplegó un "entramado" conformado por diversas personas que pretendían la "obtención ilegítima" de votos a favor de la coalición CPM-PSOE, partidos que concurrieron con una candidatura única a los mismos comicios.
Dicho entramado trabajó desde la solicitud del voto mediante "dádivas, promesas o remuneraciones directas", consistente en la promesa o concesión de un puesto de trabajo en los Planes de Empleo dependientes de la Delegación del Gobierno, hasta el incumplimiento de los trámites establecidos para el voto por correo mediante su "manipulación directa" o la remisión de cartas falsas como efecto llamada o en confirmación de las promesas realizadas.
Asimismo, el auto da por constatados también la "alteración o incumplimiento" de los criterios establecidos para la atribución de puestos de trabajo de los citados planes, con objeto de dar "preferencia" a las personas que votaron a CPM-PSOE o que prestaron servicios para dicha coalición.
Se espera que hoy se amplíe el número de imputados y que se emitan nuevas citaciones, que según los fuentes próximas a la investigación judicial en marcha podrían dirigirse a destacados miembros de las ejecutivas de PSOE y CpM.
Reacción del PSOE
Desde el PSOE, las citaciones se han interpretado como una campaña de acoso por parte del Partido Popular contra el Partido Socialista de Melilla. Así lo manifestó tras que trascendieran públicamente, la portavoz del Comité Electoral del mismo partido, Rosa López Ochoa, que achacó el procedimiento judicial a una “maniobra más en la campaña de acoso y destrucción sistemática que viene desarrollando el PP en la ciudad de Melilla, con su política de ‘tierra quemada’ contra todo lo que huele a oposición”.
Además, según López Ochoa, “el procedimiento judicial iniciado a instancias del Partido Popular tiene reservadas sorpresas para todos, incluido el primer edil, Juan José Imbroda, el vicepresidente, Miguel Marín, así como para otros miembros del Gobierno local del PP. Sorpresas –agregó- que se irán dando a conocer con el paulatino desarrollo de la tramitación procesal”.
