La Asociación Pro Guardia Civil de Melilla ha celebrado “amargamente” este miércoles la sentencia 533/2022 del Tribunal Supremo que exculpa a varios guardia civiles de los delitos de los que fueron acusados en las intervenciones que se produjeron por asaltos de inmigrantes en la frontera del Tarajal, en Ceuta.
Esta organización se congratula de que se haya puesto fin “a uno de los últimos lamentables, injustificados y gratuitos ataques” a miembros del cuerpo y se pregunta si, a la vista de la situación, se ha hecho o no justicia con esos compañeros.
“Llevamos tiempo observando con preocupación cómo desde diferentes sectores se intenta desprestigiar a la Guardia Civil. En esta ocasión no nos han agredido con palos, ni piedras, ni cal viva sino utilizando la imagen de la Guardia Civil con fines políticos, manipulando informes forenses y llevando a cabo vomitivas campañas mediáticas de desinformación”, asegura la entidad.
Igualmente indica que “ha dolido ver cómo algunos políticos han utilizado la inmigración como arma arrojadiza, incluso llegando a referirse a los inmigrantes ahogados en el Tarajal como: “muertos tiroteados por la Guardia Civil”, algunas ONGs aportaron fotografías, informes forenses y testigos carentes de toda objetividad y no pocos medios de comunicación continúan, incluso hoy, propagando la idea de que el Rechazo en Frontera es una devolución en caliente”.
En ese sentido, recuerda que se llegó a acusar estos guardias civiles de “delito de homicidio imprudente, lesiones, denegación de auxilio y prevaricación” para llegar a la conclusión de que “¿qué hubo de verdad en esas acusaciones?: nada de nada”.
“Nada más y nada menos que ocho años después, se ha puesto fin a las delirantes intenciones de quienes ven continuamente en la Guardia Civil el enemigo a batir. Pero han sido ocho años en los que las familias de nuestros compañeros han sufrido calladamente la violencia psíquica ejercida por quienes les acusaban pública e injustificadamente nada más y nada menos que de provocar la muerte de inmigrantes. No podemos hacer otra cosa que enviar a nuestros compañeros y a sus familias el más sincero y cariñoso abrazo que esperamos hayan sentido también durante todo el tiempo que ha durado este proceso, pues hemos defendido públicamente su inocencia desde el primer momento”.
APROGC entiende que ahora hay una deuda con estos funcionarios públicos. “La sociedad y, más concretamente, la Administración, está ahora en deuda con ellos porque, por el mero hecho de hacer su trabajo, han visto paralizadas sus carreras profesionales y se han visto sometidos a un impresentable linchamiento público. Y, ¿ahora qué?”.
“Desde APROGC, como ya hiciéramos con los compañeros de las vallas de Melilla cuando fueron acusados injustamente de cometer delitos, solicitaremos al Gobierno que les condecore con la Cruz del Mérito de la Guardia Civil, pues han soportado más de lo que nadie está obligado a hacer”.
