El secretario de Organización de la Administración del Estado (AGE) en Comisiones Obreras (CCOO), Julián Gómez, ha afirmado este viernes en Melilla que "ha llegado el momento de que el Gobierno y los Grupos parlamentarios apoyen la actualización del plus de residencia". El dirigente estatal del sindicato ha remarcado que no desean que la medida vaya en función de una subida lineal en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Por el contrario, CCOO aspira a una nueva negociación del convenio, dado que el aumento del coste de la vida está muy influido por la inflación.
En su opinión, con el objetivo de fidelizar a los trabajadores en los territorios extrapeninsulares -Melilla, Ceuta, Baleares y Canarias-, que están sufriendo "una merma grande de empleados", el aumento del plus de residencia es algo "vital".
Gómez ha abundado en sus explicaciones sobre este asunto al subrayar que, durante los diez últimos años, estos territorios alejados de la península han perdido 4.000 empleados públicos de los alrededor de 14.000 que hay de menos en toda la AGE. El dato supone tan sólo un siete por ciento de los trabajadores de la Administración, pero es un tercio de los empleados de estos cuatro territorios.
Por lo que respecta a Melilla en concreto, la rebaja es de entre un 15 y un 20 por ciento de la plantilla. Como ejemplo, el dirigente sindical ha dado los datos de la Agencia Tributaria, donde la plantilla ha pasado de 60 a 50 trabajadores durante los últimos cuatro años, lo que supone alrededor del 17 por ciento de mermas. En este sentido, Gómez ha remarcado la carga de trabajo y la implicación de unos trabajadores que, en Melilla concretamente, cuentan con dos labores extra, como son la vigilancia de la aduana y el control de la inmigración. De hecho, según ha resaltado Gómez, en las dos ciudades autónomas el sistema se ha sostenido gracias a los planes de empleo de la Ciudad Autónoma, que están "realizando un trabajo propio de la AGE".
En la ruta que ha seguido el sindicato para sus reuniones con los representantes institucionales desde noviembre de 2021 -primero en Baleares, luego en Ceuta, más tarde en Canarias y finalmente en Melilla-, para intentar incluir sus demandas en los Presupuestos Generales del Estado de este año, han intentado hacer ver a los grupos parlamentarios y los gobiernos de cada territorio la importancia de su apoyo en las negociaciones con el Gobierno central, con el fin de que este acceda a sentarse y negociar la modificación del plus de residencia, que no ha variado desde 2007.
Aunque la subida sería para todos los grupos, desde el sindicato han indicado que es más necesario para los grupos más bajos -tanto en funcionarios como en laborales-, cuyos componentes están cobrando entre 1000 y 1.200 euros al mes y que, según ha indicado Gómez, sólo se sostienen merced al plus de residencia.
El ejemplo de Baleares
En la rueda de prensa también han estado presentes el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) del sindicato en Melilla, José Luis Tormo, y -ante la ausencia de los responsables del sindicato en Ceuta y Canarias, que se marcharon el jueves tras las reuniones mantenidas con la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno-, el secretario general de la FSC-CCOO en Baleares, Pep Ginard, ha reiterado que en los cuatro territorios extrapeninsulares hay un déficit de personal debido, también, a la dificultad para la movilidad en el conjunto del Estado en materias como el transporte o la vivienda. Visto así, la indemnización por residencia, que viene a paliar de alguna forma la situación, "está completamente desfasado", ha opinado.
Ginard ha explicado lo que sucedió en el mes de febrero en Baleares, cuando, después de que el PP presentara una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados en la que pedía 80 millones sólo para Baleares -mientras que CCOO había reclamado diez millones en 2007-, los sindicatos y el Govern acordaron la descentralización de los procesos selectivos respecto a las Ofertas de Empleo Público (OPE) para que los ciudadanos locales pudieran optar preferentemente a esas plazas desde su lugar de residencia. Se trataba, ha dicho, de añadir "un acicate" para evitar que los ciudadanos se tuvieran que desplazar a Madrid a hacer los exámenes u optaran por examinarse para las administraciones autonómicas o locales, que gozan, además, de una ventaja de aproximadamente un 30 por ciento en cuanto al salario.
Incluso, Baleares ha añadido otra medida beneficiaria para el personal de la AGE, como es un complemento de fidelización, solicitado al Ministerio de Hacienda y Función Pública, que se va ajustando en función del tiempo de permanencia en el puesto de trabajo en el lugar correspondiente. "Creemos que esta iniciativa es perfectamente realizable en los otros territorios, porque todas las autoridades de los cuatro territorios nos han dicho que están de acuerdo en la propuesta que les hemos planteado", ha concluido Ginard.
