Estos datos están recogidos en documentos oficiales de la Ciudad Autónoma y en estos se indican El Fatmi fue declarada “en situación legal de rebeldía”. Esto quiere decir, según explica el abogado Joaquín García, un término procesal que alude a toda aquella parte de un procedimiento judicial a la que no se le localiza ni aparece.
Se trató de un divorcio contencioso, es decir, que hay que realizarlo ante un juez porque no hay acuerdo entre las dos partes. En añadido, en el documento que recoge el divorcio se indica que el paradero de El Fatmi es “ignorado”.
Así pues, la demandada no compareció en el plazo señalado y el divorcio se llevó a cabo. La jueza que firmó la disolución del matrimonio también indica que, una vez firmada la resolución, se elimine del Registro Civil la unión de Barsehson y El Fatmi. La pareja estaba separada desde el año 1997.
Según explicaron a El Faro vecinos de la zona, se escuchaban discusiones, pero no hasta el punto de imaginarse que podía haber ahí un cuerpo. Saben que el hombre que vivía ahí fue legionario y entró “cuando dejaban apuntarse a todo tipo de personas”.
La Policía Nacional finalizó ayer jueves las excavaciones y solo hallaron unos pequeños restos de huesos. Por el momento, no hay más información al respecto.
Obras sin licencia
Además, en agosto del año 2010, la Consejería de Infraestructuras decretó la demolición de unas obras que realizó Barsehson por no regularizarlas.
En el documento al que ha tenido acceso El Faro, la Administración expone que se notificó al afectado la orden de legalización de obras en la calle Larache número 26 “con resultado infructuoso”.
Esto derivó en un expediente de protección de la legalidad urbanística por obras sin licencia en dicha vía.
Las obras consistieron en la construcción de una nueva planta y un castillete sobre el edificio. En abril del 2010 se inició el expediente y Barsehson no presentó ninguna alegación ni solicitó la licencia de obras en el plazo establecido.
Más de 20 años desaparecida
El miércoles por la noche, Delegación del Gobierno informaba de que la Policía Nacional estaba buscando los restos mortales de una persona que lleva más de 20 años desaparecida. Explicaron que el registro del inmueble se estaba haciendo con mandato judicial fruto de una investigación del cuerpo.
