Cada viernes, frente a la puerta de la Dirección Provincial de Educación en Melilla, decenas de madres con sus hijos e hijas protestaban con pancartas pidiendo su escolarización. Para los recién llegados, decenas de menores en edad escolar no asistían a clase por problemas documentales que tenían sus padres. Ahora, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional han sacado una resolución que avala otro tipo de pruebas que justifiquen la residencia en cualquiera de las dos ciudades autónomas más allá del padrón o un documento de los servicios sociales.
Uno de los agentes más activos que ha luchado por la escolarización de estos niños ha sido la asociación Prodein. Su responsable, José Palazón, espera que se normalice la escolarización, pero advierte a las autoridades que "vamos a estar atentos" a las matriculaciones del próximo curso, que están ya en marcha.
En este sentido, señala el procedimiento de expulsión que se ha iniciado a un grupo de familias poco después que sus hijos fueran escolarizados. Por el momento, siguen en la ciudad, pero Palazón critica que este método "no vale" y piensa que se están llevando a cabo para "asustar a la gente". "También vamos a luchar contra eso", subraya.
Con esta nueva resolución, el responsable de Prodein cree que hay un mayor ajuste a la ley, pues dice que antes "había una cierta prevaricación en el Ministerio de Educación". Cree que esta situación no se ve en ningún otro lugar y expone que ha estado en países donde los niños no van a la escuela porque no quieren porque están trabajando o los padres no los obligan, "pero lo que no he visto nunca es que haya niños que llamen a la puerta del colegio y que los de Educación les digan que no y te hablo de países de Sudamérica y de la África profunda". Así pues, observa que "mal trabajo estaban haciendo estos señores de Educación y los políticos de Melilla".
No es solo eso, Palazón habla de "aparheid" y asegura que el no llevar a los niños y niñas al colegio es "una tradición secular". Recalca que el tema de la escolarización debería haber sido un tema prioritario a resolver desde hace tiempo. Con el último grupo de pequeños que han conseguido acceder a este curso educativo, explica que llevaban tres años pidiéndolo, pero con campañas para la escolarización de los niños llevan desde el 1998. "El problema es que es siempre un asunto repetitivo".
Son más de 20 años. Eso ha supuesto que haya personas que ronda los 40 años y jamás han pisado un aula, expone. En este último año, ha habido jóvenes que, como han cumplido 18 años, los han manado a hacer cursos. Lo mismo ocurre con los que tienen 16 0 17, edades en las que no es obligatorio ir a clase. "El daño que se hace es incalculable".
El Comité de Derechos del Niño o el Defensor del Pueblo, tras las denuncias de Prodein, instaron a las autoridades españolas a cumplir con la ley y lo firmado en convenios internaciones, pues el acceso a la educación básica es un derecho fundamental. La justificación de que las ratios son elevadas en las dos ciudades autónomas no es válida para Palazón, quien piensa que eso es un problema que debe resolver la Administración construyendo otro colegio o a través de otras medidas. También ha criticado que haya habido sindicatos de educación que criticasen que hubiese muchos niños en clase.
"Estamos viviendo una época difícil en Melilla en la que la frontera se está definiendo y en el aspecto social, la ciudad también tiene que buscar una nueva definición de ciudad española, de ciudad europea y el tema educativo es uno de los problemas a solucionar", subraya Palazón.
