El Sindicato Independiente de Melilla (SIM) asegura a El Faro que ya hay que solicitar responsabilidades porque el contrato de servicio de vigilancia de seguridad se tendría que haber adjudicado hace más de dos años y ahora se ha visto, de nuevo paralizado, como ha publicado El Faro. “La situación es rocambolesca”, añadió.
Subrayó que hay 180 trabajadores afectados y que no todos son fijos y, por lo tanto, desconocen si van a seguir trabajando cuando entre la nueva empresa o no. Además, deberían cobrar 78 euros más al mes desde 2020.
Historia de un contrato
El SIM comentó que el contrato de seguridad debía estar resulto hace tiempo y explicó cómo se han ido encadenando sucesos para llegar a enero de 2022 y no tener aún un contrato mayor resuelto.
El sindicato argumentó que seis meses antes de finalizar el contrato, la empresa que tenía adjudicado el servicio y que aún hoy lo presta a través de otros tipos de contratos, Sureste, avisó a la Ciudad de que no iba a prorrogar el contrato mayor. Y es que éste era por dos años prorrogable en un año en otro. La empresa dijo que no le salía rentable seguir prestando este servicio.
La Ciudad sacó a licitación el concurso y salió con errores. Y es que se estaba dando más puntuación a la oferta económica del contrato que al resto de servicios y esto estaba prohibido para este tipo de servicios.
Explicó que un 51% de lo puntos del contrato tienen que estar dirigidos a mejoras que proponga la empresa en cuanto a trabajadores, formación, horas o instalaciones. Y el resto de los puntos, un 49%, para la oferta económica de la empresa. Por ello, hubo que volver a licitar el contrato porque se había producido ese error en los pliegos al explicar la baremación.
Y a partir de ahí han sido las propias empresas que licitaban las que han ido presentado recursos en cada decisión de la mesa de contratación.
Pero el sindicato apuntó que hay cuestiones relacionadas con la documentación que se podrían comprobar in situ por parte de la mesa de contratación y verificar si esos escritos coinciden con la realidad de las empresas. O al menos propone que haya un mecanismo que lo compruebe y no se tenga que esperar semanas hasta que se va resolviendo cada una de las reclamaciones de las empresas.
El SIM aseveró que la situación es “rocambolesca” porque no tiene sentido que en la ciudad no se pueda comprobar unas instalaciones para ver si cumplen o no con los requisitos y determinar si la empresa tiene o no lo necesario para seguir en el proceso de licitación. Afirmó que se podría verificar estas cuestiones en una ciudad como Melilla.
Los perjudicados: los 180 trabajadores
Y mientras que se determina qué empresa se queda con el servicio, los trabajadores están viviendo en una incertidumbre constante. Aseveró el SIM que son los grandes perjudicados de esta situación. Son 180 trabajadores, pero no todos son fijos. Hay unos 30 que es personal que se contrata para cubrir vacaciones o bajas y que no sabe qué va a pasar con ellos porque no están dentro de la plantilla que se subroga con el contrato mayor.
Además, están sufriendo una merma de salario desde hace años. Y es que este sindicato explicó que en el pliego de condiciones de hace dos años se recogía que, si la empresa se acogía a la bonificación de la Seguridad Social, de dar una parte, un 8% de ésta, a los trabajadores. Según el salario base de estos empleados, debe ser de entre 78 o 79 euros mensuales.
El SIM aseveró que si se contara con el nuevo contrato en vigor, todos los vigilantes estarían cobrando desde el 2020 unos 78 euros más al mes y eso son más 1.800 euros en todos estos meses. Y es que el contrato de vigilancia debió salir en diciembre de 2019.
