El pleno ordinario celebrado hoy sirvió para bajar algunos impuestos, que la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, defendió que servirán para atraer a empresas a la ciudad, sobre todo, relacionadas con el mar. También se bajará el IPSI de algunos productos esenciales y los melillenses podrán notar esa disminución. Además, se cambia una normativa que permitirá a empresas y ciudadanos facilitar el pago de sus deudas y el cobro de las mismas a la Administración local.
En relación con el primer tema, Almansouri explicó que la ordenación fiscal es un asunto importante porque “se contemplan cuestiones que podrán facilitar la implementación de empresas en la ciudad”. Indicó que se baja el carburante de los barcos al 0,5% de IPSI y la matriculación, entre otras cuestiones. Y eso unido a la petición del Gobierno de España de que se implante un registro de buques en Melilla podría propiciar “la implementación de grandes empresas en nuestra ciudad”.
Asimismo, comentó la consejera que se han unificado algunos tipos para ordenar ciertos capítulos fiscales y que sea más sencillo el trámite.
También se han incorporado los cambios en la normativa europea en esta ordenanza del IPSI, así como las modificaciones que entran en vigor en septiembre por el acuerdo con Correos.
La consejera de Hacienda subrayó, además, que hay cambios que se pueden considerar “menores, pero que afectan al bolsillo de los melillenses”, pues hay artículos de primera necesidad que bajan al 0,5% .
Esta norma estará expuesta durante 20 días y, si no hay alegaciones, se aprobará para septiembre. Y aprovechó para resaltar el gran trabajo de la consejería.
Además, Almansouri indicó que se cambia la norma para pagar las deudas. Hasta ahora las empresas se encontraban en un agravio comparativo con el resto de autonomías porque se demandaba una garantía con 18.000 euros de deuda y ahora se subirá a los 30.000 euros.
Esto también permitirá fraccionar las deudas de otra forma, que se puedan solicitar ayudas por algunas empresas y mejorará que la Administración pueda cobrar esas deudas.
Más temas
Otro asunto del pleno fue eliminar la norma de la ITV que mantenía un precio público para este asunto. Almansouri explicó que había una discusión en la Administración porque había quien entendía que debía establecerse, como así estaba, un precio público, y quien no porque al final no se cobra por la Ciudad esta tasa, sino por empresas que ofrecen dicho servicio.
El acuerdo al final es que no puede haber un precio público porque la Administración local no recauda ese dinero, sino que son empresas desvinculadas de la Ciudad las que hacen ese servicio. Tras derogar esta norma, la Consejería de Medio Ambiente hará una normativa para poner un precio máximo, eso sí, a la ITV y luego las empresas que se dedican a esta cuestión podrán establecer el que deseen en libre competencia sin superar ese coste que marca por lo alto la Ciudad.
También se tramitó que la empresa G&F&S no pueda contratar con la Administración local tras presuntamente presentar un documento falso. Este tema ya se había tratado por la consejera de Hacienda en otras comparecencias. Esa empresa se presentó para concursar en la licitación del servicio de vigilancia de las dependencias de la Ciudad.
Sin embargo, tras un aviso de otras de las licitadoras, la consejería preguntó al Ministerio de Hacienda si el documento era correcto o no y ahí se detectó la presunta falsificación.
Será este mismo ministerio el que decida si prohíbe o no licitar a esta empresa a nivel nacional según vea de grave este tema. Aunque Melilla inscribirá a este negocio en un listado de las empresas que no pueden licitar en nuestra ciudad.
Todas estas cuestiones salieron adelante con la aprobación de todos los diputados y la consejera de Hacienda agradeció el apoyo de toda la Asamblea por ello.
Los indultos a los secesionistas, tema de discusión entre PSOE, PP y Vox
En el pleno ordinario también se abordaron dos mociones, una del PP y otra de Vox, que instaban a la Asamblea a rechazar los indultos a los condenados por sedición. Ninguna de las dos salió adelante. Aunque hubo discusión entre el PSOE, PP y Vox.
La diputada del PP, Isabel Moreno, afirmó que no se podía dar el indulto a estos condenados ni justificarse con la utilidad pública cuando es una medida “indigna”.
Por su parte, el diputado de Vox, Javier Da Costa, remarcó que no se puede defender que dar indultos a quien no se arrepiente de su delito forma parte de la conciliación, puesto que lo ve como una ruptura más.
La portavoz del PSOE, Gloria Rojas, fue la encargada de defender la postura del Ejecutivo y afirmó que la oposición debía mostrar más lealtad y apoyar al Gobierno central para buscar una solución con este tema.
