Melilla cuenta con una oficina anticorrupción. Fue la semana pasada cuando se publicó en el Boletín Oficial de Melilla esta resolución a través de un decreto que regula sus funciones. En concreto, se llama ‘Oficina de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla’. El consejero de Infraestructuras, Rachid Bussian, asegura que se trata de un órgano que hará de intermediario entre el Tribunal de Cuentas y las diferentes áreas del Gobierno local.
Bussian explicó que el Tribunal de Cuentas centra su labor en varias autonomías, como son Melilla, Ceuta y La Rioja porque la mayoría de las regiones tienen su propio tribunal de cuentas que puede llevar a cabo esta fiscalización de forma periódica.
Por ello, explicó que será un órgano intermedio entre el Tribunal de Cuentas y la Ciudad para revisar la contratación que se hace en Melilla. “Es un paso adecuado y va más en la línea de intermediario aunque el nombre mediáticamente choca más. Busca esa fiscalización previa que luego se remitirá al Tribunal de Cuentas porque también la Administración local se encuentra inmersa en dar todo tipo de respuestas a ese tribunal”, aseveró. Por ello, será una forma de canalizar las peticiones como órgano intermedio antes de elevar las fiscalizaciones al tribunal.
Al respecto de esta oficina, el consejero de Medio Ambiente, Hassan Mohatar, también comentó que es un organismo que no es ninguna novedad. Aseveró que existe esta oficina en varias regiones.
Mohatar insistió en que se trata de un órgano más que permite gestionar mejor toda la información sobre la contratación. “No hay nada que esconder y si hay un órgano más fiscalizador es mucho mejor. Es la gestión del dinero público de lo que hablamos”, añadió.
Asimismo, Bussian añadió que el Gobierno del PP anterior tuvo una comisión de control que se formó tras la inclusión del partido desaparecido PPL. Sin embargo, esta comisión fue eliminada por que el asunto que llevaba la oposición “sí eran algo turbios” y desapareció por orden del Ejecutivo popular. Por ello, añadió que esta oficina viene también a sustituir a esta comisión de control para analizar la contratación. Insistió en que es un órgano más que se “autoimpone” el Gobierno local para fiscalizar aún más el gasto del dinero público en “aras de la transparencia y de gestión pulcra”.
Pues muy buena noticia, yo creo que si es con carácter retroactivo habrá muchos políticos y funcionarios que se creían inmunes y actuaban por encima de la ley frente a los ciudadanos que estarán temblando pues se le acaba el chiringuito.. Que paguen con su puesto de trabajo por las venganzas contra ciudadanos y empresas que no han querido entrar en su juego y que por tanto han sido perjudicados.