La Fiscalía de Menores archiva la causa de los casos de COVID-19 en el transporte escolar del Centro de Educación Especial Reina Sofía. Según explicó a El Faro el presidente de la AMPA del centro, Joan Casares, tras realizar algunas consultas, la Fiscalía señala que nadie incumplió con el protocolo covid establecido. “Todo el mundo actuó correctamente, pero nosotros no hemos dicho lo contrario, nosotros lo que decimos es que puede ser que los protocolos que se estén aplicando no sean suficientes”, expresó el principal responsable de la asociación.
Desde un primer momento, la AMPA insistía en que todo el mundo obró conforme al protocolo establecido y cumpliendo con su obligación, ya sea por parte de la dirección del centro, como la autoridad sanitaria. Por ello, siguen pensando en que esos protocolos quizá no sean suficientes para la Educación Especial y no se tienen en cuenta algunas circunstancias como el hecho de que algunos niños no puedan llevar la mascarilla por sus condiciones particulares de salud, o incluso no sirva para nada que la lleven puesta porque de alguna forma, inconscientemente, la estropeen y no cumpla su función.
Desde la AMPA del Reina Sofía tampoco entienden que se confinase el primer autobús conforme al protocolo, y no se hiciese lo mismo con el segundo. “No entendemos por qué se actuó diferente, ni nadie nos ha dado una respuesta, tampoco la Fiscalía, que dice que se han seguido los protocolos”, apuntó Casares.
Tras detectarse un posible positivo en el segundo autobús que no se confinó, al pasar los diez días que corresponden en el protocolo no se notificó ninguna nueva incidencia. Aunque Casares dijo que no siempre tienen conocimiento de todo lo que sucede, ya que en el chat de padres hay unas sesenta de cien familias. “En principio tal y como hemos hablado con la dirección tampoco ellos conocen ningún caso más, con lo cual afortunadamente vuelven a tener razón en el sentido de que las medidas que se han adoptado son las adecuadas”, explicó.
Asimismo, se consultó al CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) de Melilla para exponer la situación que se había producido. “Ellos creen como nosotros, que los protocolos no se adecuan para una situación de traslados de niños de discapacidad”, comentó Casares.
Desde la entidad consideraron también que se obró bien y de acuerdo al protocolo existente, pero debía existir otro protocolo específico para la Educación Especial y no solo para Melilla, sino a nivel nacional. Sin embargo, contemplando el punto en el que nos encontramos de pandemia y todo lo que implicaría hacer y mover de forma concreta a nivel nacional, poder elaborar ese protocolo se convierte en una tarea muy difícil.
