Podemos Melilla exige a la Dirección Provincial de Educación que ponga fin a la segregación escolar

Podemos Melilla exige a la Dirección Provincial de Educación que acabe con "la práctica segregacionista instaurada desde hace tanto tiempo en nuestra ciudad". La formación asegura que hay un apartheid escolar y pide que se deshaga de este aplicando los nuevos preceptos legales y normativos en materia de admisión y adscripción. Subrayaron en un comunicado que Melilla es una ciudad multicultural con una población heterogénea y se debe fomentar la interacción entre el alumnado perteneciente a distintos grupos socioculturales sin discriminación alguna, no podemos permitir que se sigan formando guetos educativos. Creen que el ascensor social se detiene cuando se ignoran las diferencias sociales que obstaculizan el progreso educativo, y todos los niños y niñas de nuestra ciudad deberían partir con las mismas posibilidades de ascenso.

Relataron que si bien es cierto que el rechazo a la admisión de alumnos sin documentación es un problema discriminatorio que atenta contra los derechos fundamentales, "esta no es la única práctica de corte clasista en el sistema educativo melillense". Aseguran conocer que la doctrina del segregacionismo de clase es algo que se lleva realizando en Melilla intencionadamente desde tiempos muy pretéritos. "Por alguna razón, las autoridades competentes en materia de Educación siempre han actuado bajo la obsesión por separar al alumnado en diferentes centros escolares, atendiendo a motivos socioeconómicos, culturales y étnicos, favoreciendo así la admisión de unos perfiles determinados en colegios concretos (especialmente en los concertados) o negando toda posibilidad a otros considerados bajo su criterio como menos convenientes, según sea el caso", expresaron.

Criticaron que la Dirección Provincial de Educación de Melilla "tiene tendencia por ignorar los preceptos legales y las directrices normativas en materia de admisión escolar", desde Podemos Melilla apuntaron a que la nueva Ley Orgánica de la Educación de Modificación de la LOE (LOMLOE o ley Celaá) introduce cambios tanto en los procesos de admisión como en los de adscripción, para acabar con este tipo de prácticas segregacionistas. En su artículo 84.1, la ley deja claro que “las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos y alumnas en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales. En dicha regulación se dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza”. Por tanto, creen que de este modo los alumnos procedentes de familias con menos recursos no deberían ser excluidos de los centros concertados.

Expusieron que otra forma tradicional de asegurarse esta segregación escolar es disuadiendo a las familias con menos recursos mediante la imposición de cuotas establecidas para financiar gastos de la titularidad del centro o ya incluidos en la subvención correspondiente al concierto. Una práctica muy arraigada en los colegios concertados, "los cuales no debemos olvidar que están financiados con dinero público". El texto de la nueva ley en su artículo 88.1 especifica que “en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos".

Sobre la igualdad en la aplicación de las normas de admisión, el artículo 86.1 nos dice que “las Administraciones educativas garantizarán la igualdad en la aplicación de las normas de admisión, lo que incluye el establecimiento de las mismas áreas de escolarización o influencia para los centros públicos y privados concertados…”. Por tanto, se da más peso a la proximidad del domicilio de residencia -siendo este el único criterio para la admisión en centros educativos que podrá superar el 30% de puntuación máxima- y entendemos que en la práctica, los niños de los distritos y barrios menos favorecidos y cercanos a los centros concertados de la ciudad (La Salle el Carmen, Buen Consejo y Enrique Soler), deberían tener más derecho a ser admitidos que aquellos que viven en zonas más alejadas, y cuya admisión justifica el servicio de transporte escolar que ofrecen determinados centros. "Tampoco estaría de más que la administración fuese más rigurosa a la hora de comprobar las trampas y fraudes en las solicitudes de los colegios más demandados (principalmente los concertados), y especialmente la vieja práctica de jugar con los empadronamientos", expresaron.

En cuanto al proceso de adscripción del alumnado de los centros que imparten Educación Primaria a los centros de Educación Secundaria con la entrada en funcionamiento del nuevo edificio del IES Virgen de la Victoria, conocido como Jardín Valenciano, para el próximo curso escolar se establece la adscripción de los colegios de educación primaria a un único instituto de educación secundaria, de modo que directamente, el alumnado de un colegio es asignado a un instituto concreto, aunque posteriormente en el proceso general de admisión cabe la posibilidad de solicitar una plaza en otro centro de secundaria.

Esto se traduce en cambios en las adscripciones en nuestra ciudad por la vía de los hechos, sin publicación y sin transparencia, por parte de la Dirección Provincial quien ni siquiera ha publicado los nuevos cambios de manera oficial. Eso sí, algunos centros de primaria por iniciativa propia y a través de sus respectivas páginas web sí han hecho público a qué instituto estarían adscritos.

"En Podemos Melilla tememos que en el proceso de adscripción, ciertos barrios comprendidos en algunas zonas de influencia puedan perpetuar la segregación de grupos de alumnos de perfiles socioculturales concretos, especialmente en las zonas escolares a las que pertenecen los colegios Constitución, León Sola, Juan Caro Romero, y Mediterráneo, no respetándose así el espíritu de heterogeneidad socioeconómica y cultural de la nueva normativa", manifestaron.