Las administraciones han tenido que ponerse manos a la obra para ejercer un control mucho más férreo en el puerto y el aeropuerto, ante la temida salida masiva de personas en plena pandemia. Que se tenga que llegar a estos extremos dice mucho de la ausente solidaridad y la falta de implicación de una parte de la ciudadanía que demuestra, con hechos, que esto del virus, esto de sembrar dolor, esto de poder causar muertes por una pura irresponsabilidad no va con ellos.
Hay una delicada línea entre lo legal y lo ético y esa se cruza de manera constante por aquellos que abusan de esa permisividad para ejercer una movilidad continua. No lo hace uno, ni cuatro ni 20. Los tantos por ciento no engañan y las estadísticas demuestran que cada vez esas idas y venidas son más, por lo que las puertas abiertas al riesgo también se incrementan. Están en su derecho legal de ir y venir, ¿pero que pasa con esa empatía con el resto de la sociedad? ¿en dónde queda el compromiso que debe ser demostrado de cara al común de la ciudadanía para precisamente evitar que los casos se disparen? Un alto porcentaje de las salidas a la península tienen que ver con este perfil, lo que ha hecho que se rompa la tónica de meses atrás hasta llegar a una movilidad ahora mucho mayor de la que, por ejemplo, se daba en Navidad.
La normativa, de por sí carente de firmeza, deja en el olvido determinadas áreas. Los mensajes que apelan a la responsabilidad deberían tener una consecuencia directa que, de manera incongruente, no se alcanza ni se consigue. Quizá debería existir un replanteamiento y un traslado por parte de la Delegación del Gobierno de lo que está pasando.
